OEP 2024
Fecha del examen 2025-04-05
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Impuesto sobre el Patrimonio.
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
Impuesto sobre Sociedades.
En el momento de la salida de fábrica o depósito fiscal, salvo que la mercancía salga en régimen suspensivo, o en el momento del autoconsumo.
El día 15 del mes siguiente a aquel en el que se inicie la expedición o el transporte con destino al adquirente.
En el momento en que se realice la primera entrega o puesta a disposición a favor del adquirente, en el territorio de aplicación del impuesto, de los productos que forman parte del ámbito objetivo del impuesto por el fabricante.
En el momento del nacimiento de la deuda aduanera de importación, salvo que la mercancía se vincule al régimen suspensivo.
Los interesados no estarán obligados a aportar documentos que hayan sido elaborados por cualquier Administración, con independencia de que la presentación de los citados documentos tenga carácter preceptivo o facultativo en el procedimiento de que se trate, siempre que el interesado haya expresado su consentimiento a que sean consultados o recabados dichos documentos.
Los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración. La Administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que el interesado se opusiera a ello, en cualquier caso.
Los interesados estarán obligados a aportar los documentos requeridos en el procedimiento administrativo independientemente de que hayan sido elaborados por cualquier Administración.
Los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración. La Administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que el interesado se opusiera a ello. No cabrá la oposición cuando la aportación del documento se exigiera en el marco del ejercicio de potestades sancionadoras o de inspección.
El control y los acuerdos de simplificación relativos a la obligación de facturar, en cuanto tengan trascendencia tributaria.
La realización de actuaciones de obtención de información relacionadas con la aplicación de los tributos, de acuerdo con lo establecido en los artículos 93 y 94 de esta ley.
La contestación de las consultas tributarias escritas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 88 de esta ley.
La tramitación y resolución de las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento.
Los rendimientos de actividades forestales.
Los rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos.
Las primas de conversión de obligaciones en acciones.
Las ganancias patrimoniales derivadas de los aprovechamientos forestales de los vecinos en montes públicos.
Por el Tribunal Constitucional.
Por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado.
Por la jurisdicción contencioso-administrativa.
Por el Tribunal de Cuentas.
Mantengan deudas o sanciones tributarias superiores a 600.000 euros, salvo que estén aplazadas o suspendidas.
Sean sujetos pasivos de cualquier tributo y tengan deuda pendiente de pago, sin importe mínimo.
Mantengan deudas o sanciones tributarias superiores a 600.000 euros, salvo que estén recurridas, aplazadas o suspendidas.
Hayan sido condenados por delito fiscal en los últimos cinco años, aunque ya hayan satisfecho su deuda.
La prescripción se aplicará de oficio, excepto en los casos en que se haya pagado la deuda tributaria, en cuyo caso será necesario que la invoque o excepcione el obligado tributario.
Interrumpido el plazo de prescripción para un obligado tributario, dicho efecto se extiende a todos los demás obligados, excepto a los responsables.
Si existieran varias deudas liquidadas a cargo de un mismo obligado al pago, la interrupción de la prescripción solo afectará a la deuda a la que se refiera.
La prescripción no se puede interrumpir.
Es un procedimiento exclusivamente administrativo.
Es acumulable al procedimiento judicial o a otro procedimiento de ejecución.
Se iniciará e impulsará de oficio en todos sus trámites.
Una vez iniciado, sólo se suspenderá en los casos y en la forma prevista en la normativa tributaria.
Debe de presentar dicho escrito en castellano.
Puede presentar dicho escrito en catalán.
Debe de presentar dicho escrito en catalán.
Puede presentar dicho escrito en castellano o en catalán, a su elección.
Las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas, siempre que ello esté previsto en sus Estatutos.
Cualquier persona física con capacidad y conocimientos para ser Procurador o cualquier persona jurídica.
Cualquier persona física con capacidad de obrar, pues las personas jurídicas no pueden actuar como representantes.
Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos puedan resultar afectados por la resolución.
El procedimiento legislativo ordinario consiste en la adopción conjunta por el Parlamento Europeo y el Consejo, a propuesta de la Comisión, de un reglamento, una directiva o una decisión.
El procedimiento legislativo ordinario consiste en la adopción conjunta por el Parlamento Europeo y la Comisión, a propuesta del Consejo, de un reglamento, una directiva o una decisión.
El procedimiento legislativo ordinario consiste en la adopción conjunta por el Parlamento Europeo y la Comisión, a propuesta del Consejo, de una recomendación o dictamen.
El procedimiento legislativo ordinario consiste en la adopción conjunta por el Parlamento Europeo y el Consejo, a propuesta de la Comisión, de una recomendación o dictamen.
Extinción de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago.
Falta de notificación de la diligencia de embargo.
Incumplimiento de las normas reguladoras del embargo contenidas en la Ley General Tributaria.
Suspensión del procedimiento de recaudación.
Transcurrido el plazo para su resolución, el interesado podrá considerar desestimado el recurso al objeto de interponer la reclamación procedente.
Será competente para conocer y resolver el recurso de reposición el superior jerárquico del órgano que dictó el acto recurrido.
El plazo máximo para notificar la resolución será de un mes contado desde el día siguiente al de presentación del recurso y la misma pondrá fin a la vía administrativa.
Contra la resolución de un recurso de reposición no puede interponerse de nuevo este recurso, salvo que el mismo traiga su origen en causa distinta.
Departamento de Recaudación.
Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales.
Departamento de Gestión Tributaria.
Servicio de Gestión Económica.
Los rendimientos positivos del capital mobiliario procedentes de los seguros de vida, depósitos y contratos financieros a través de los cuales se instrumenten los Planes de Ahorro a Largo Plazo cuando el contribuyente efectúe disposiciones del capital resultantes del Plan durante los primeros cinco años desde su apertura.
Las rentas percibidas por herencia por una persona física.
Las prestaciones percibidas de la Seguridad Social como consecuencia de incapacidad permanente total.
Las prestaciones económicas públicas vinculadas al servicio, para cuidados en el entorno familiar y de asistencia personalizada, que se derivan de la Ley de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
Un mes, a contar desde el día siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada.
Treinta días, a contar desde el día siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada.
Veinte días, a contar desde el día siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada.
Quince días, a contar desde el día siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada.
50 euros más los intereses de demora desde que terminó el plazo reglamentario de presentación de la autoliquidación hasta el 22 de diciembre de 2024, fecha que se efectuó el ingreso.
150 euros.
100 euros más los intereses de demora desde que terminó el plazo reglamentario de presentación de la autoliquidación hasta el 22 de diciembre de 2024, fecha que se efectuó el ingreso.
100 euros.
El Observatorio tiene rango de dirección general y coordina directamente las actuaciones del Gobierno, mientras que la DGVG se limita a recoger datos estadísticos sobre violencia de género.
La DGVG está formada por representantes de asociaciones de mujeres y agentes sociales, mientras que el Observatorio depende exclusivamente de la Administración General del Estado sin participación externa.
La DGVG propone e impulsa la política del Gobierno contra la violencia de género, mientras que el Observatorio se centra en el asesoramiento, la evaluación y la elaboración de informes sobre esta materia.
El Observatorio diseña campañas de sensibilización y planes de acción contra la violencia de género, mientras que la DGVG se encarga únicamente de supervisar su implementación a nivel territorial.
Las acciones u omisiones que pudieran ser constitutivas de infracciones tributarias.
Las acciones u omisiones que pudieran ser constitutivas de delitos no perseguibles únicamente a instancia de la persona agraviada.
La adopción de medidas cautelares en el curso del procedimiento y la descripción de estas.
La indicación de la finalización de otro procedimiento de aplicación de los tributos, cuando ésta se derive de la comunicación de inicio del procedimiento que se notifica.
200.000 euros.
190.000 euros.
175.000 euros.
85.000 euros.
Si concurren determinados supuestos, podrá declararse la nulidad de pleno derecho de actos dictados en materia tributaria y también de resoluciones de los órganos económico-administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o no hayan sido recurridos en plazo.
Si concurren determinados supuestos, podrá declararse la nulidad de pleno derecho de actos dictados en materia tributaria pero no de resoluciones de los órganos económico-administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o no hayan sido recurridos en plazo.
Sólo podrá declararse la nulidad de pleno derecho de una resolución de un órgano económico-administrativo cuando lesione derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
La declaración de nulidad de pleno derecho se iniciará únicamente a instancia del interesado.
Las entidades sin personalidad jurídica a que se refiere el apartado 4 del artículo 35 de esta ley, no necesitan un número de identificación fiscal para sus relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria, utilizarán el número de identificación fiscal del representante.
Los extranjeros que no dispongan de Número de Identificación de Extranjero (NIE) deberán solicitar a la Administración tributaria la asignación de un NIF cuando vayan a realizar compras en el territorio nacional y soliciten la devolución del IVA a viajeros.
Cuando una entidad no residente opere en territorio español mediante establecimientos permanentes que realicen actividades claramente diferenciadas y cuya gestión se lleve de modo separado, cada establecimiento permanente podrá prescindir de un número de identificación fiscal propio.
Toda persona física o jurídica, tendrá un número de identificación fiscal para sus relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria.
Durante 12 meses a partir de la fecha de su expedición mientras no se produzcan modificaciones de las circunstancias determinantes de su contenido, cuando se refiera a obligaciones no periódicas, o durante tres meses, cuando se refiera a obligaciones periódicas.
Durante 3 meses a partir de la fecha de su expedición mientras no se produzcan modificaciones de las circunstancias determinantes de su contenido, cuando se refiera a obligaciones periódicas, o durante seis meses, cuando se refiera a obligaciones no periódicas.
Durante 12 meses a partir de la fecha de su expedición mientras no se produzcan modificaciones de las circunstancias determinantes de su contenido, cuando se refiera a obligaciones periódicas, o durante seis meses, cuando se refiera a obligaciones no periódicas.
Durante 12 meses a partir de la fecha de su expedición mientras no se produzcan modificaciones de las circunstancias determinantes de su contenido, cuando se refiera a obligaciones periódicas, o durante tres meses, cuando se refiera a obligaciones no periódicas.
Un 10 por ciento o más del que resultaría por la aplicación de la regla de prorrata especial.
Un 5 por ciento o más del que resultaría por la aplicación de la regla de prorrata especial.
Un 3 por ciento o más del que resultaría por la aplicación de la regla de prorrata especial.
Un 2 por ciento o más del que resultaría por la aplicación de la regla de prorrata especial.
No se suspenderá el procedimiento porque lo que debería haber presentado D. Luis es una tercería de mejor derecho.
Se desestimará la tercería porque la adquisición es posterior a la anotación preventiva al embargo y D. Luis ha adquirido el inmueble con la carga del embargo.
Se estimará la tercería porque se ha aportado una escritura que justifica que D. Luis es el titular del inmueble.
Se suspenderá el procedimiento de apremio y se requerirá al deudor para que justifique quién tiene mejor derecho.
El Director de Recursos Humanos.
El Director General de la AEAT a propuesta del Director General del Departamento de Gestión Tributaria.
El Director General de la Función Pública.
El Presidente de la Agencia Tributaria a propuesta del Director General de la AEAT.
Determinará que el órgano competente dé un plazo de diez días al interesado para que subsane el recurso presentado.
No será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter.
Se entenderá que es una queja en todo caso, y no se tramitará como recurso.
El órgano competente calificará el documento como viciado de origen y determinará su anulabilidad. Se podrá convalidar si en un plazo no superior a tres días, el interesado subsana sus defectos.
Es incorrecto porque no hay imposición complementaria.
Es correcto, pero no al 19% y si al tipo que corresponda según la tarifa general.
Es correcto, pero no al 19% y si al tipo que corresponda según la tarifa especial.
Es correcto.
Por el trascurso del plazo de 6 meses a contar desde el momento en que se cometieron las correspondientes infracciones.
Por el trascurso del plazo de 6 meses a contar desde la suscripción del Acta de Conformidad en que se propone la regularización la infracción tributaria sancionada.
Por el pago de la liquidación dictada en el procedimiento de regularización de la infracción de que trae causa.
Por el fallecimiento del sujeto infractor.
El obligado al pago podrá solicitar la compensación de las deudas tributarias de las que sea titular solo si estas se encuentran en periodo voluntario de pago
La solicitud de compensación por parte del obligado tributario implica que renuncia a solicitar aplazamiento o fraccionamiento de la deuda restante.
La resolución de una solicitud de compensación a instancia del obligado tributario deberá notificarse en el plazo de doce meses.
Si el crédito ofrecido por el obligado tributario en compensación deriva de una devolución tributaria éste deberá aportar, en su caso, copia del acto, resolución o sentencia que lo reconozca.
Se inicia el periodo ejecutivo y se le liquidará el recargo ejecutivo del 5%.
Se inicia el periodo ejecutivo y se le notificará la providencia de apremio.
Se inicia el periodo ejecutivo y se exigirán el recargo ejecutivo y los intereses de demora.
El plazo para realizar el ingreso en periodo voluntario finaliza el 15 de septiembre.
No superior a dos meses.
No superior a tres meses.
No superior a cuatro meses.
No superior a cinco meses.
Ordenar todas las fases del procedimiento administrativo.
Asegurar la eficacia de la resolución del procedimiento administrativo.
Garantizar los derechos de defensa del interesado en el procedimiento administrativo.
Determinar, conocer y comprobar los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución.
La medida cautelar deberá ser notificada al afectado con expresa mención de los motivos que justifican su aplicación.
Las medidas habrán de ser proporcionadas al daño que se pretenda evitar y en la cuantía estrictamente necesaria para asegurar el cobro de la deuda.
Una medida cautelar podrá consistir en la prohibición de enajenar, gravar o disponer de bienes o derechos.
El plazo de duración de las medidas cautelares es de seis meses desde su adopción, sin posibilidad de ampliación, ni reducción.
Cuando para la propuesta de regularización, el actuario no haya utilizado más que la documentación aportada por el obligado tributario en el curso del procedimiento.
Cuando para la propuesta de regularización haya sido preciso realizar estimaciones, valoraciones o mediciones de datos que no puedan cuantificarse de forma cierta alcanzándose un acuerdo con el obligado tributario previo a la liquidación de la deuda tributaria.
Cuando el obligado tributario o su representante, manifiesten su conformidad con la propuesta de regularización de la Inspección de los tributos.
Cuando el obligado tributario, o su representante, comparezca a la firma de las Actas y las suscriba mediante su firma.
La negligencia en la custodia de secretos oficiales, declarados así por Ley o clasificados como tales, que sea causa de su publicación o que provoque su difusión o conocimiento indebido.
La violación de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito.
No guardar el debido sigilo respecto a los asuntos que se conozcan por razón del cargo, cuando causen perjuicio a la Administración o se utilice en provecho propio.
La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función.
El Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones.
El Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones.
El Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría simple de ambas Cámaras, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones.
El Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría simple del Congreso, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones.
Los sujetos pasivos acogidos al régimen simplificado deberán llevar un libro registro de facturas recibidas en el que anotarán las facturas y documentos relativos a las adquisiciones e importaciones de bienes y servicios por los que se haya soportado o satisfecho el impuesto.
Los sujetos pasivos que realicen otras actividades a las que no sea aplicable el régimen simplificado deberán anotar con la debida separación las facturas relativas a las adquisiciones correspondientes a cada sector diferenciado de actividad.
Los sujetos pasivos acogidos al régimen simplificado por actividades cuyos índices o módulos operen sobre el volumen de ingresos realizado habrán de llevar asimismo un libro registro en el que anotarán las operaciones efectuadas en desarrollo de las referidas actividades.
Los sujetos pasivos acogidos al régimen simplificado deberán llevar un libro registro específico en el que se anotarán, de manera individualizada y con la debida separación, cada una de las adquisiciones, importaciones y entregas, a las que resulte aplicable la determinación de la base imponible mediante el margen de beneficio de cada operación.
En los primeros 20 días naturales de los meses de abril, julio y noviembre, los contribuyentes deberán efectuar un pago fraccionado a cuenta de la liquidación correspondiente al periodo impositivo que esté en curso el día 1 de cada uno de los meses indicados.
En los primeros 20 días naturales de los meses de abril, octubre y diciembre, los contribuyentes deberán efectuar un pago fraccionado a cuenta de la liquidación correspondiente al periodo impositivo que esté en curso el día 1 de cada uno de los meses indicados.
En los primeros 20 días naturales de los meses de abril, septiembre y diciembre, los contribuyentes deberán efectuar un pago fraccionado a cuenta de la liquidación correspondiente al periodo impositivo que esté en curso el día 1 de cada uno de los meses indicados.
En los primeros 20 días naturales de los meses de abril, julio y diciembre, los contribuyentes, deberán efectuar un pago fraccionado a cuenta de la liquidación correspondiente al periodo impositivo que esté en curso el día 1 de cada uno de los meses indicados.
Se tramitará, exclusivamente, de forma separada a los de aplicación de los tributos regulados en el título III de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Deberá concluir en el plazo máximo de 12 meses, contados desde la notificación de la comunicación de inicio del procedimiento.
Se tramitará de forma separada a los de aplicación de los tributos regulados en el título III de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, salvo renuncia del obligado tributario, en cuyo caso se tramitará conjuntamente.
La propuesta de resolución será notificada al interesado, indicándole la puesta de manifiesto del expediente y concediéndole un plazo de 10 días para que alegue lo que considere oportuno.
Subdirector general.
Subsecretario.
Director general.
Secretario general.
Prescribe a los 4 años, a contar desde el día siguiente a aquel en que finalice el periodo impositivo en que se generó el derecho a aplicar las deducciones, y pueden realizarse en el curso de cualquier procedimiento de comprobación.
Prescribe a los 10 años, a contar desde el día siguiente a aquel en que finalice el periodo impositivo en que se generó el derecho a aplicar las deducciones, y solo podrá realizarse en el curso de procedimientos de comprobación relativos a obligaciones tributarias y periodos cuyo derecho a liquidar no se encuentre prescrito.
No tiene plazo de prescripción y pueden realizarse en el curso de cualquier procedimiento de comprobación.
Prescribe a los 4 años, a contar desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo reglamentario derivado de la normativa de cada tributo, y solo podrá realizarse en el curso de procedimientos de comprobación relativos a obligaciones tributarias y periodos cuyo derecho a liquidar no se encuentre prescrito.
Los rendimientos procedentes de operaciones de capitalización, de contratos de seguro de vida o invalidez y de rentas derivadas de la imposición de capitales.
Los rendimientos derivados de la elaboración de obras literarias, artísticas o científicas, siempre que se ceda el derecho a su explotación.
Las retribuciones de los administradores y miembros de los Consejos de Administración, de las Juntas que hagan sus veces y demás miembros de otros órganos representativos.
La transmisión o el reembolso a título oneroso de acciones o participaciones representativas del capital o patrimonio de las instituciones de inversión colectiva a las que se refiere el artículo 94 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Son aquellas en que la participación directa en su capital social por parte de la Administración General del Estado o alguna de las entidades que, conforme a lo dispuesto en el artículo 84, integran el sector público institucional estatal, incluidas las sociedades mercantiles estatales, sea superior al 50 por 100.
Son aquellas que tienen atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre sectores económicos o actividades determinadas, por requerir su desempeño de independencia funcional o una especial autonomía respecto de la Administración General del Estado, lo que deberá determinarse en una norma con rango de Ley.
Son aquellas entidades de derecho público, dotadas de personalidad jurídica pública, patrimonio propio y autonomía en su gestión, facultadas para ejercer potestades administrativas, que son creadas por el Gobierno para el cumplimiento de los programas correspondientes a las políticas públicas que desarrolle la AGE.
Son aquellas que junto con el ejercicio de potestades administrativas desarrollan actividades prestacionales, de gestión de servicios o de producción de bienes de interés público, susceptibles de contraprestación.
Se estima el recurso por no ser el titular del bien embargado.
Se tramita de oficio la tercería de mejor derecho.
Se desestima el recurso por no ser motivo de oposición a la diligencia de embargo.
Se estima el recurso y se tramita de oficio la tercería de dominio.
El reconocimiento y comprobación de la procedencia de los beneficios e incentivos fiscales, así como de los regímenes tributarios especiales, mediante la tramitación del correspondiente procedimiento de gestión tributaria.
La comprobación de la veracidad y exactitud de las declaraciones presentadas por los obligados tributarios.
La realización de actuaciones de control del cumplimiento de la obligación de presentar declaraciones tributarias y de otras obligaciones formales.
La expedición y, en su caso, revocación del número de identificación fiscal, en los términos establecidos en la normativa específica.
Transcurrido el plazo de seis meses desde que se hubiese notificado o se entienda notificada la liquidación o resolución del procedimiento del que trae causa.
Transcurrido el plazo de tres meses desde que se hubiese notificado o se entienda notificada la liquidación o resolución del procedimiento del que trae causa.
Transcurrido el plazo de seis meses a contar desde la notificación al contribuyente del inicio del procedimiento sancionador.
Transcurrido el plazo de tres meses a contar desde la notificación al contribuyente del inicio del procedimiento sancionador.
Una letra inicial, que será la M, destinada a indicar la naturaleza de este número, siete caracteres alfanuméricos y un carácter de verificación alfabético.
Una letra inicial, que será la K, destinada a indicar la naturaleza de este número, siete caracteres alfanuméricos y un carácter de verificación alfabético.
Una letra inicial, que será la N, destinada a indicar la naturaleza de este número, siete caracteres alfanuméricos y un carácter de verificación alfabético.
Una letra inicial, que será la L, destinada a indicar la naturaleza de este número, siete caracteres alfanuméricos y un carácter de verificación alfabético.
La presentación de una denuncia confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento.
Las denuncias deberán expresar la identidad de la persona o personas que las presentan y el relato de los hechos que se ponen en conocimiento de la Administración.
Cuando la denuncia invocara un perjuicio en el patrimonio de las Administraciones Públicas la no iniciación del procedimiento deberá ser motivada y se notificará a los denunciantes la decisión de si se ha iniciado o no el procedimiento.
Se entiende por denuncia, el acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo.
La menor de las siguientes cantidades: el 30% de la suma de los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas percibidos individualmente en el ejercicio o 1500 euros anuales.
La mayor de las siguientes cantidades: el 30% de la suma de los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas percibidos individualmente en el ejercicio o 1500 euros anuales.
La menor de las siguientes cantidades: el 40% de la suma de los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas percibidos individualmente en el ejercicio o 1500 euros anuales.
La mayor de las siguientes cantidades: el 40% de la suma de los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas percibidos individualmente en el ejercicio o 1500 euros anuales.
En todos los casos y tributos, para instar la rectificación de la autoliquidación presentada con anterioridad.
Cuando lo establezca la normativa propia del tributo, para rectificar, completar o modificar otra autoliquidación presentada con anterioridad.
Cuando lo establezca la normativa propia del tributo, exclusivamente cuando un obligado tributario considere que una autoliquidación ha perjudicado de cualquier modo sus intereses legítimos.
Cuando lo establezca la normativa propia del tributo, cuando la rectificación de una autoliquidación origine una devolución de ingresos indebidos.
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y coincineración de residuos.
Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
Impuesto sobre el Patrimonio.
Se concede automáticamente a petición del funcionario sin necesidad de resolución administrativa.
No es necesario haber prestado un período mínimo de servicios previos para solicitarla.
Durante el tiempo que dure esta excedencia, el funcionario conserva su puesto de trabajo.
Su concesión está supeditada a las necesidades del servicio.
El acuerdo de inadmisión no será recurrible, se podrá recurrir la providencia de apremio que en su día se dicte.
El periodo ejecutivo de la deuda se iniciará una vez transcurrido el plazo de ingreso que se otorgue en dicho acuerdo de inadmisión.
Si se efectúa el ingreso después de que se notifique el acuerdo de inadmisión, el mismo se considerará realizado en voluntaria, procediendo con posterioridad la liquidación de intereses de demora.
La inadmisión implicará que la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento se tenga por no presentada a todos los efectos.
El Defensor del Pueblo.
El Ministerio Fiscal.
Los Jueces y Magistrados.
El Ministerio de Justicia.
Se podrá solicitar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria el abono de las deducciones de forma anticipada.
No podrán minorar la cuota diferencial del impuesto con esta deducciones los contribuyentes que perciban prestaciones contributivas y asistenciales del sistema de protección del desempleo, pensiones abonadas por el Régimen General y los Regimenes especiales de la Seguridad Social o por el Régimen de Clases Pasivas del Estado.
En caso de familias numerosas de categoría especial, esta deducción se incrementará en 600 euros.
El contribuyente podrá compatibilizar la deducción por cónyuge no separado legalmente con discapacidad, siempre que no tenga rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 euros, con la deducción generada por cada descendiente con discapacidad.
En el caso de deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración, el pago en período voluntario deberá hacerse en los siguientes plazos: Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
Las deudas que deban abonarse mediante efectos timbrados se pagarán en el momento de la realización del hecho imponible, si no se dispone otro plazo en su normativa específica.
Las deudas tributarias resultantes de una autoliquidación deberán pagarse en los plazos que establezca la normativa de cada tributo.
El pago en período voluntario de las deudas de notificación colectiva y periódica que no tengan establecido otro plazo en sus normas reguladoras deberá efectuarse en el período comprendido entre el día uno de septiembre y el 20 de noviembre o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. La Administración tributaria competente podrá modificar el plazo señalado en el párrafo anterior siempre que dicho plazo no sea inferior a un mes.
El lugar donde tengan su domicilio habitual el representante de la entidad. No obstante, la Administración tributaria podrá considerar como domicilio fiscal el lugar donde esté efectivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección de las actividades desarrolladas.
El lugar donde tengan su residencia habitual los partícipes o cotitulares de dicha entidad. Si no pudiera establecerse dicho lugar, prevalecerá aquel donde radique el mayor valor del inmovilizado en el que se realicen las actividades económicas.
El domicilio social, siempre que en él esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus negocios. En otro caso, se atenderá al lugar en el que se lleve a cabo dicha gestión o dirección. Cuando no pueda determinarse el lugar del domicilio fiscal de acuerdo con los criterios anteriores prevalecerá aquel donde radique el mayor valor del inmovilizado.
El determinado según lo establecido en la normativa reguladora de cada tributo. En defecto de regulación, el domicilio será el del representante de la entidad carente de personalidad jurídica, que deberá comunicarse a la Administración Tributaria en los términos que la normativa señale.
Se iniciará exclusivamente a instancia de parte interesada.
Podrá iniciarse acuerdo del órgano que dictó el acto o de su superior jerárquico o a instancia del interesado.
Se iniciará tras informe motivado del Consejo de Estado u órgano equivalente de la respectiva comunidad autónoma.
Únicamente podrá iniciarse por acuerdo del órgano que dictó el acto o de su superior jerárquico.
Los intereses de demora devengados hasta la presentación de la autoliquidación, excluyéndose las sanciones que hubieran podido exigirse.
Recargo por declaración extemporánea que será un porcentaje igual al 1 por ciento más otro 1 por ciento adicional por cada mes completo de retraso con que se presente la autoliquidación respecto al término del plazo establecido para la presentación e ingreso, excluyéndose las sanciones que hubieran podido exigirse y los intereses de demora devengados hasta la presentación de la autoliquidación.
Recargo por declaración extemporánea del 15 por ciento y los intereses de demora devengados hasta la presentación de la autoliquidación, excluyéndose las sanciones que hubieran podido exigirse.
Recargo por declaración extemporánea del 15 por ciento y los intereses de demora por el período transcurrido desde el día siguiente al término de los 12 meses posteriores a la finalización del plazo establecido para la presentación hasta el momento en que la autoliquidación se haya presentado, excluyéndose las sanciones que hubieran podido exigirse.
Bruselas.
Fráncfort.
Estrasburgo.
Luxemburgo.
La falta de impugnación directa de una disposición general o la desestimación del recurso que frente a ella se hubiera interpuesto no impiden la impugnación de los actos de aplicación de las mismas fundada en que tales disposiciones no son conformes a Derecho.
Es admisible el recurso contra la inactividad de la Administración y contra sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho, en los términos establecidos en la Ley.
Es admisible el recurso contencioso-administrativo respecto de los actos que sean reproducción de otros anteriores definitivos y firmes y los confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma.
En caso de vía de hecho, el interesado podrá formular requerimiento a la Administración actuante, intimando su cesación. Si dicha intimación no hubiere sido formulada o no fuere atendida dentro de los diez días siguientes a la presentación del requerimiento, podrá deducir directamente recurso contencioso-administrativo.
El procedimiento de verificación de datos no impide la posterior comprobación del objeto del mismo mediante otros procedimientos de comprobación más exhaustivos.
Dictada resolución en un procedimiento de verificación de datos, la Administración tributaria no podrá efectuar una nueva regularización en relación con el objeto comprobado.
Tras un procedimiento de verificación de datos sólo se podrá realizar una comprobación posterior del objeto del mismo por la inspección de los tributos.
El procedimiento de verificación de datos impide la posterior comprobación del objeto del mismo, salvo cuando únicamente se regularizaron defectos formales o errores aritméticos.
Desde el día 1 de junio.
Desde el día 20 de junio.
Desde el día 5 de junio.
Desde el día 5 de julio.
Contribuciones especiales.
Precios públicos.
Impuestos.
Tasas.
Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento.
Las resoluciones administrativas de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que deriven.
Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario.
Las resoluciones de los recursos de reposición.
Ninguno, porque no hay relación de consanguinidad.
Cuatro días hábiles si es en distinta localidad.
Cuatro días hábiles, independientemente de la localidad donde ocurra la intervención.
Cinco días hábiles, porque se trata de un familiar de primer grado de afinidad.
Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior.
Las resoluciones administrativas de carácter particular podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general cuando procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general.
Las normas y actos dictados por los órganos de las Administraciones Públicas en el ejercicio de su propia competencia deberán ser observadas por el resto de los órganos administrativos, aunque no dependan jerárquicamente entre sí o pertenezcan a otra Administración.
Las entregas a empleados de productos a precios rebajados que se realicen en cantinas o comedores de empresa o economatos de carácter social.
Las primas o cuotas satisfechas por la empresa en virtud de contrato de seguro de accidente laboral o de responsabilidad civil del trabajador.
La prestación del servicio de educación infantil por centros educativos autorizados, a los hijos de sus empleados, con carácter gratuito o por precio inferior al normal de mercado.
La utilización de los bienes destinados a servicios sociales y culturales del personal empleado.
El impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables es un tributo de naturaleza indirecta
El impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables es un tributo de carácter directo y naturaleza real.
El impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables es un tributo con tipos impositivos progresivos.
El impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables es un tributo que grava la fabricación, la importación, la exportación o la adquisición intracomunitaria de los productos que forman parte del ámbito objetivo del impuesto.
Podrá interponerse por los interesados contra los actos firmes de la Administración tributaria y contra las resoluciones firmes de los órganos económico-administrativos cuando concurran determinadas circunstancias.
Podrá interponerse cuando se hayan declarado inexistentes las alegaciones o pruebas oportunamente presentadas en la vía económico administrativa, aunque no hayan influido esencialmente para dictar el acto o resolución.
-La resolución del recurso extraordinario de revisión se dictará en el plazo de tres meses. Transcurrido ese plazo sin haberse notificado resolución expresa, el interesado podrá entender desestimado el recurso.
El recurso extraordinario de revisión podrá interponerse para rectificar los actos y las resoluciones de las reclamaciones económico-administrativas en los que se hubiera incurrido en error de hecho que resulte de los propios documentos incorporados al expediente.
Las actuaciones del procedimiento de inspección deberán concluir, en el plazo máximo de 18 meses, siendo necesario que se informe de dicho plazo en la comunicación de inicio.
Las actuaciones del procedimiento de inspección deberán concluir en el plazo máximo de 27 meses, no siendo necesario que se informe de dicho plazo en la comunicación de inicio.
Las actuaciones del procedimiento de inspección deberán concluir, en el plazo máximo de 18 meses, no siendo necesario que se informe de dicho plazo en la comunicación de inicio.
Las actuaciones del procedimiento de inspección deberán concluir en el plazo máximo de 27 meses, siendo necesario que se informe de dicho plazo en la comunicación de inicio.
El tipo será del 10% de la deuda tributaria.
El tipo será del 15% de la deuda tributaria, más intereses de demora.
El tipo aplicable estará entre el 50% y el 150% de la deuda tributaria
Se aplica sanción únicamente si la deuda supera los 3.000 euros.
Se podrá incrementar hasta en 1.200 euros adicionales cuando el contribuyente que tenga derecho a la misma hubiera satisfecho en el período impositivo gastos de custodia del hijo menor de tres años en guarderías o centros de educación infantil autorizados.
El padre tendrá derecho a aplicar la deducción en caso de que la madre no esté obligada a presentar declaración del IRPF en el ejercicio.
En el período impositivo en que el hijo menor cumpla tres años, el incremento previsto para la deduccion cuando se hubieran satisfecho gastos de custodia en guardería o centros de educación infantil autorizados, podrá resultar de aplicación respecto de los gastos incurridos con posterioridad al cumplimiento de dicha edad hasta el mes anterior a aquel en el que pueda comenzar el segundo ciclo de educación infantil.
En los supuestos de adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente, la deducción se podrá practicar, desde la fecha de la inscripción en el Registro Civil y unicamente hasta que el menor alcance los tres años de edad.
En el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza, salvo que por el titular de la unidad administrativa se dé orden motivada en contrario, de la que quede constancia.
Las personas designadas como órgano instructor o, en su caso, los titulares de las unidades administrativas que tengan atribuida tal función serán responsables directos de la tramitación del procedimiento y, en especial, del cumplimiento de los plazos establecidos.
De acuerdo con el principio de simplificación administrativa, se acordarán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo.
Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones suspenderán la tramitación del mismo, salvo la recusación.
Cuatro años a partir de la finalización del plazo de presentación de la declaración en la que se incluyó la operación.
Cuatro años a partir del momento en que se devengó el impuesto correspondiente a la operación.
Cuatro años a partir de la fecha de la expedición de la factura o documento sustitutivo que documenta la operación.
Cuatro años a partir de la finalización del periodo impositivo en el cual se realizó la operación.
Sociedad Limitada.
Sociedad Anónima.
Sociedad Cooperativa.
Entidad en régimen de atribución de renta.
No, porque sólo obtiene rendimientos del trabajo.
Sí, porque obtiene rendimientos de tres pagadores.
No, porque los rendimientos del trabajo no superan la cuantía de 22.000 euros
Sí, porque los rendimientos del trabajo superan la cuantía de 15.876 euros.
El vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver.
En el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas favorables, los interesados que hubieren comparecido podrán entender estimadas sus pretensiones por silencio administrativo.
En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad.
En los supuestos en los que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable al interesado, no se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución.
La Constitución Española garantiza la independencia judicial estableciendo que los jueces y magistrados son inamovibles, no pueden ser sancionados y sus decisiones no pueden ser revisadas por ningún otro poder del Estado.
La independencia del Poder Judicial se protege mediante la inamovilidad de los jueces, la prohibición de tribunales de excepción, la existencia del Consejo General del Poder Judicial como órgano de autogobierno y la subordinación de los jueces únicamente a la Constitución y la ley.
La independencia judicial se garantiza permitiendo que el Gobierno designe directamente a los magistrados del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, asegurando así su imparcialidad y estabilidad institucional.
El Tribunal Constitucional, como máximo órgano judicial, supervisa y controla todas las decisiones de los tribunales ordinarios para garantizar su independencia y evitar injerencias políticas.
Los contribuyentes del impuesto sobre sociedades serán gravados por la totalidad de la renta que obtengan, si el lugar donde esta se hubiere producido coincide con su domicilio fiscal.
Los contribuyentes del impuesto sobre sociedades serán gravados por la totalidad de la renta que obtengan, si el lugar donde esta se hubiere producido coincide con su domicilio fiscal y el de su representante.
Los contribuyentes del impuesto sobre sociedades no serán gravados por la totalidad de la renta que obtengan, si tienen filiales en distintas jurisdicciones.
Los contribuyentes del impuesto sobre sociedades serán gravados por la totalidad de la renta que obtengan, con independencia del lugar donde esta se hubiere producido y cualquiera que fuere la residencia del pagador
La obligatoriedad de imponer cuotas mínimas de empleo para personas con discapacidad en todas las empresas públicas y privadas.
La promoción de medidas de apoyo que sustituyan la capacidad de decisión de las personas con discapacidad en aras de su protección integral.
La garantía de igualdad mediante la aplicación de normas generales idénticas para todas las personas, evitando cualquier tipo de adaptación específica.
La no discriminación como base para asegurar la igualdad de oportunidades y el ejercicio efectivo de los derechos en igualdad de condiciones.
El conjunto de programas informáticos de asistencia para la confección y presentación de declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones de dato.
El conjunto de actuaciones que la Administración tributaria pone a disposición de los obligados para facilitar el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
El conjunto de acuerdos de colaboración social con los colegios y asociaciones de profesionales de la asesoría fiscal para facilitar el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
El conjunto de acuerdos de colaboración social con las Entidades que tengan la condición de colaboradoras en la gestión recaudatoria para facilitar el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
Los gastos de transporte de las mercancías importadas después de su entrada en el territorio aduanero de la Unión.
Los derechos de reproducción en la Unión de las mercancías importadas.
Los derechos de importación y otros gravámenes pagaderos en la Unión como consecuencia de la importación o la venta de las mercancías.
Los gastos de transporte y de seguro de las mercancías importadas, y los gastos de carga y de manipulación asociados al transporte de las mercancías importadas, hasta el lugar por donde se introducen las mercancías en el territorio aduanero de la Unión.
Los criterios establecidos en el Código de Comercio, corregidos por la aplicación de los preceptos establecidos en la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
Los criterios establecidos en el Código de Comercio, corregidos por la aplicación de los preceptos establecidos en la Ley General Tributaria.
Los criterios establecidos en la Ley General Tributaria, corregidos por la aplicación de los preceptos establecidos en la Ley del Impuesto sobre Sociedades
Los criterios establecidos en el Plan General de Contabilidad que resulte aplicable.
Cuando proceda comprobar todos o algún elemento de la obligación tributaria.
Cuando de acuerdo con los antecedentes que obren en poder de la Administración, se ponga de manifiesto la obligación de declarar o la realización del hecho imponible o del presupuesto de hecho de una obligación tributaria sin que conste la presentación de la autoliquidación o declaración tributaria.
Cuando se requiera la aclaración o justificación de algún dato relativo a la declaración o autoliquidación presentada referida al desarrollo de actividades económicas.
Cuando los datos declarados no coincidan con los contenidos en otras declaraciones presentadas por el obligado o con los que obren en poder de la Administración tributaria.
Ventas a distancia intracomunitarias de bienes a las que se le aplique el régimen especial de las ventas a distancia y se entienda realizadas en el territorio de aplicación del IVA.
Entregas de bienes destinados a otros Estados Miembros
Entregas de bienes localizadas en el territorio de aplicación del IVA realizadas por un proveedor no establecido, cuando se produzca la inversión del sujeto pasivo y el destinatario expida la factura por cuenta del proveedor.
Ventas o servicios a domicilio del consumidor.
Requerir al solicitante para que en el plazo de 10 días aporte garantía, conforme a lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Archivar la solicitud presentada por no haber aportado garantía suficiente, ni haber justificado la imposibilidad de obtenerla.
Inadmitir la solicitud presentada por tratarse de una deuda correspondiente a la obligación de realizar ingresos a cuenta que debe cumplir el retenedor.
Conceder el aplazamiento solicitado con dispensa de garantías, por tratarse de una deuda inferior a 50.000 euros, de acuerdo con la Orden HFP/311/2023, de 28 de marzo.
A la libre asociación profesional.
Al ejercicio de la huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.
La formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos y capacidades profesionales, preferentemente en horario laboral.
A la intimidad en el uso de dispositivos digitales puestos a su disposición y frente al uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización.
Una ley orgánica.
Un decreto ley.
Una ley ordinaria.
Un Real Decreto Legislativo.
2 años, expirado el cual podrá ser reelegido por una sola vez.
3 años, expirado el cual podrá ser reelegido por una sola vez.
2 años, expirado el cual no podrá ser reelegido.
3 años, expirado el cual no podrá ser reelegido.
El avituallamiento de embarcaciones deportivas o de recreo.
Las entregas de bienes en tiendas libres de impuestos situadas en aeropuertos.
Las entregas de bienes transportados fuera de la Comunidad por el adquirente no establecido en el Territorio de Aplicación del Impuesto.
El transporte de viajeros por vía aérea con destino a un aeropuerto situado fuera del ámbito espacial del impuesto
En su base liquidable mediante la diferencia entre ambas.
En su base imponible mediante la diferencia financiera calculada por perito.
En su base liquidable mediante la corrección derivada del tipo medio del impuesto.
En su base imponible mediante la diferencia entre ambas.
Los servicios prestados por personas físicas en régimen de dependencia derivado de relaciones laborales.
Los servicios profesionales prestados por fotógrafos de periódicos y revistas.
Las entregas de bienes expedidos o transportados fuera de la Comunidad por el transmitente.
Los servicios de biblioteca prestados por entidades de derecho público.
Aplicando sobre la cuota íntegra las deducciones, bonificaciones, adiciones o coeficientes previstos, en su caso, en la ley de cada tributo.
Aplicando el tipo de gravamen a la base liquidable o la cantidad fija señalada al efecto.
Minorando la base imponible en las reducciones establecidas en la ley.
Minorando la cuota líquida en el importe de las deducciones, pagos fraccionados, retenciones, ingresos a cuenta y cuotas, conforme a la normativa de cada tributo.
La renuncia deberá efectuarse durante el mes de enero del año posterior a la realización de la operación.
El transmitente debe solicitarlo con carácter previo a la transmisión, en los términos previstos reglamentariamente.
Las exenciones reguladas en el artículo 20 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, no son susceptibles de renuncia en ningún caso.
Puede hacerse uso de esta posibilidad cuando el adquirente sea un sujeto pasivo que actue en el ejercicio de sus actividades empresariales o profesionales con derecho a efectuar la deducción total o parcial del Impuesto soportado al realizar la adquisición.
El impuesto sobre el Patrimonio.
El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
El Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales.
El Impuesto sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadero.
Los que tengan un contenido imposible.
Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.
Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.
Cuando carezcan de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los interesados.
Los utilizados en la prestación de servicios de enseñanza de conductores mediante contraprestación.
Los utilizados en la prestación de servicios de transporte de viajeros mediante contraprestación.
Los utilizados en los desplazamientos profesionales de los agentes comerciales.
Los utilizados con fines empresariales o profesionales y a la vez, cedidos a los trabajadores a título gratuito para su uso particular fuera de la jornada de trabajo.
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