ALa Constitución Española garantiza la independencia judicial estableciendo que los jueces y magistrados son inamovibles, no pueden ser sancionados y sus decisiones no pueden ser revisadas por ningún otro poder del Estado.
BLa independencia del Poder Judicial se protege mediante la inamovilidad de los jueces, la prohibición de tribunales de excepción, la existencia del Consejo General del Poder Judicial como órgano de autogobierno y la subordinación de los jueces únicamente a la Constitución y la ley.
CLa independencia judicial se garantiza permitiendo que el Gobierno designe directamente a los magistrados del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, asegurando así su imparcialidad y estabilidad institucional.
DEl Tribunal Constitucional, como máximo órgano judicial, supervisa y controla todas las decisiones de los tribunales ordinarios para garantizar su independencia y evitar injerencias políticas.