OEP 2015
Fecha del examen 2016-02-20
Mayoría de dos tercios de cada una de las Cámaras.
Mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras.
Mayoría de dos tercios en el Congreso, y tres quintos en el Senado.
Mayoría de tres quintos en el Congreso, y dos tercios en al Senado.
Cuando lo solicite la décima parte de los miembros del Congreso.
Cuando lo apruebe el Gobierno.
Cuando lo apruebe la mayoría absoluta de los miembros del Congreso.
Cuando lo soliciten 50 diputados o 50 senadores.
El derecho a la objeción de conciencia reconocido en el artículo 30.
El derecho al trabajo reconocido en el artículo 35.
El derecho a que los poderes públicos velen por la utilización racional de todos los recursos naturales y del medio ambiente reconocido en el artículo 45.
El derecho a la protección de la salud reconocido en el artículo 43.
El derecho de reunión (artículo 21 CE).
El derecho a la libertad (artículo 17 CE).
El derecho a acceso a cargos públicos (artículo 23 CE).
El derecho de huelga (artículo 28 CE).
Los magistrados pueden ser suspendidos de su cargo por el Gobierno, cuando concurra una causa de cese y no se haya hecho efectiva por el Tribunal.
Los magistrados pueden ser suspendidos por el Tribunal Supremo, cuando concurra una causa de procesamiento penal contra ellos.
Los magistrados pueden ser suspendidos por acuerdo de las dos terceras partes del Congreso, cuando exista un procesamiento penal, o exista una causa de cese que se ha hecho efectiva por el Tribunal.
Los magistrados pueden ser suspendidos por acuerdo de las tres cuartas partes del Pleno del Tribunal, cuando concurra una causa de procesamiento penal contra ellos.
La Asamblea de la Comunidad Autónoma y su órgano colegiado ejecutivo.
La Asamblea de la Comunidad Autónoma y el Presidente de la Comunidad Autónoma.
La Asamblea de la Comunidad Autónoma, su órgano colegiado ejecutivo y el superior órgano consultivo.
La Asamblea de la Comunidad Autónoma, el Presidente de la Comunidad Autónoma y su órgano colegiado ejecutivo.
Su unidad e integridad.
Su independencia y soberanía.
Su unidad y permanencia.
Su integridad y soberanía.
Los Diputados y Senadores no gozarán de inviolabilidad por opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones.
Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones.
Sólo los Diputados gozarán de inviolabilidad por opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones.
Sólo los Diputados gozarán de inmunidad después de su mandato.
Durante el mismo periodo de sesiones.
En el plazo de 1 año desde que se presentó.
Durante dos periodos de sesiones.
En el plazo de 6 meses desde que se rechazó.
El Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados.
El Gobierno, mediante decreto acordado por el Consejo de Ministros dando cuenta al Congreso de los Diputados.
La mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno.
La mayoría simple del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno.
Requiere autorización de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
Requiere autorización de los Juzgados de Instrucción.
No requiere autorización judicial.
Requiere autorización de los Juzgados de Primera Instancia.
En el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de excepción.
En el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de excepción y de sitio.
En el ámbito estrictamente castrense, pero no en los supuestos de estado de sitio.
En el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio.
a) Resolución de la Subsecretaría del Departamento Ministerial en el que se crea el órgano.
Resolución de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones.
Orden ministerial del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Orden ministerial del Departamento afectado, previa aprobación del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
Los derechos fundamentales y libertades públicas.
La adopción de disposiciones de carácter general.
La aprobación de las resoluciones que pongan fin a la vía administrativa.
Las resoluciones relativas a la adjudicación de contratos de servicios públicos.
Serán nombrados y cesados por el Director General del que dependan.
Serán nombrados por Consejo de Ministros.
Serán nombrados y cesados por el Subsecretario del Departamento ministerial.
Serán nombrados y cesados por el Ministro o el Secretario de Estado del que dependan.
Elevar, con carácter anual, un informe al Gobierno, a través del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre el funcionamiento de los servicios públicos estatales y su evaluación global.
Suspender la ejecución de los actos impugnados dictados por los órganos de la Delegación del Gobierno, cuando le corresponda resolver el recurso y proponer la suspensión en los restantes casos, así como respecto de los actos impugnados dictados por los servicios no integrados en la Delegación del Gobierno.
Formular a los Ministerios competentes, en cada caso, las propuestas que estime convenientes sobre los objetivos contenidos en los planes y programas que hayan de ejecutar los servicios territoriales y los de sus Organismos públicos, e informar, regular y periódicamente, a los Ministerios competentes sobre la gestión de sus servicios territoriales.
Desempeñar, las funciones de comunicación, colaboración y cooperación con las Corporaciones locales y, en particular, informar sobre la incidencia en el territorio de los programas de financiación estatal.
Existirá siempre una Subdelegación del Gobierno.
Podrán crearse por Real Decreto-ley Subdelegaciones del Gobierno, teniendo en cuenta la población, el volumen de gestión o sus singularidades geográficas, sociales o económicas.
Podrán crearse por Real Decreto Subdelegaciones del Gobierno, teniendo en cuenta la población, el volumen de gestión o sus singularidades geográficas, sociales o económicas.
No existirá, en ningún caso, Subdelegación del Gobierno.
Los Organismos Públicos.
Los Organismos Autónomos y las Entidades Públicas Empresariales.
Los Organismos Autónomos.
Las Entidades Públicas Empresariales.
Deuda del Estado.
Sanidad e higiene.
Nacionalidad e inmigración.
Extranjería y derecho de asilo.
Competencia básica.
Competencia exclusiva.
Competencia compartida.
Competencia de desarrollo.
Una memoria económica que refleje el impacto sobre los recursos financieros de las Administraciones Públicas afectadas y el cumplimiento de los principios de estabilidad, sostenibilidad financiera, coordinación, y eficacia del servicio o la actividad.
La correspondiente financiación, para lo cual será necesaria la existencia de dotación presupuestaria adecuada y suficiente en los presupuestos de la Administración delegante para cada ejercicio económico.
Un informe financiero que acredite que no se pone en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública.
Un informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre la suficiencia financiera de la dotación de los recursos necesarios para asegurar tal suficiencia, sin que ello pueda conllevar, en ningún caso, un mayor gasto de la Administración General del Estado.
Amplía las competencias de la Unión tal como se definen en los Tratados.
Tiene el mismo valor jurídico que los Tratados.
Reconoce derechos, libertades y principios que se interpretarán con arreglo al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y la legislación nacional.
No tiene carácter jurídico vinculante.
En el Tratado de Maastricht.
En el Tratado de Ámsterdam.
En el Tratado de Lisboa.
En el Tratado de París.
Rumanía
Chipre.
Reino Unido.
Lituania.
El establecimiento de las normas sobre competencia necesarias para el funcionamiento del mercado interior.
El mercado interior.
La política social.
El medio ambiente.
Podrá delegar en la Comisión los poderes para adoptar actos no legislativos de alcance general que completen o modifiquen determinados elementos no esenciales del acto legislativo.
Podrá delegar en el Tribunal Europeo de Justicia, los poderes para adoptar actos no legislativos de alcance general que completen o modifiquen determinados elementos no esenciales del acto legislativo.
Podrá delegar en el Consejo los poderes para adoptar actos no legislativos de alcance general que completen o modifiquen determinados elementos no esenciales del acto legislativo.
Podrá delegar en el Consejo Europeo los poderes para adoptar actos no legislativos de alcance general que completen o modifiquen determinados elementos no esenciales del acto legislativo.
El Tratado de Roma.
El Tratado de Niza.
El Tratado de Lisboa.
El Acta Única Europea.
Circular y residir libremente en el territorio de los Estados Miembros, sin ningún tipo de limitación.
Todo ciudadano de la Unión que resida en un Estado Miembro del que no sea nacional tendrá derecho a ser elector pero no elegible en las elecciones municipales del Estado Miembro que resida, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado.
Todo ciudadano de la Unión tendrá derecho de petición ante la Comisión.
Todo ciudadano de la Unión podrá acogerse, en el territorio de un tercer país en el que no esté representado el Estado miembro del que sea nacional, a la protección de las autoridades diplomáticas y consulares de cualquier Estado Miembro, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado.
El Consejo Europeo por mayoría cualificada, con la aprobación del presidente de la Comisión.
El Consejo Europeo por unanimidad, con la aprobación del presidente de la Comisión.
El Consejo por mayoría cualificada, con la aprobación del presidente de la Comisión.
El Consejo por unanimidad, con la aprobación del presidente de la Comisión.
El Tratado de Niza.
El Tratado de Maastricht.
El Tratado de Ámsterdam.
El Tratado de Lisboa.
Luxemburgo, Malta y Grecia.
Países Bajos, Eslovaquia, Malta.
Irlanda, Países Bajos, Alemania.
Eslovaquia, España y Malta.
Al Consejo.
A la Comisión.
Al Parlamento Europeo.
Al Tribunal de Cuentas.
Al Consejo Europeo, por recomendación del Consejo.
Al Tribunal de Cuentas, por recomendación del Consejo.
Al Consejo, por recomendación del Parlamento.
Al Parlamento, por recomendación del Consejo.
Mejorar los programas evaluados.
Rendir cuentas sobre los programas evaluados.
Construir conocimiento sobre los programas evaluados.
Generar información que permita ilustrar posibles acciones futuras.
El derecho de acceso a la información pública podrá ser limitado cuando suponga un perjuicio para los intereses económicos y comerciales.
La ausencia de motivación de las solicitudes de acceso a la información pública será causa de rechazo de la solicitud.
La solicitud de acceso a la información pública se deberá presentar preferentemente por medios electrónicos.
Cuando la solicitud no identifique de forma suficiente la información solicitada, se pedirá al solicitante que la concrete en el plazo de quince días.
La situación de equilibrio o superávit estructural.
La capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial.
La situación de superávit estructural.
La situación de equilibrio estructural.
La variación del gasto computable del Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento de sus ingresos a medio plazo.
La variación del gasto computable de la Administración Central, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española.
La variación del gasto computable de la Administración Central, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento de la inflación a medio plazo de la economía española.
La variación del gasto computable de la Administración Central, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento de la productividad de medio plazo de la economía española.
Sólo si se regula por Ley.
Sí, pero solo si se justifica por la escasez de recursos naturales o inequívocos impedimentos técnicos.
Sólo para determinadas actividades.
No, en ningún caso.
La fuerza de la marca España.
La renovación de las infraestructuras turísticas.
La innovación en la gestión de destinos.
Apoyo a la internacionalización de las empresas turísticas españolas.
El monopolio que ejerce el Servicio Público de Empleo Estatal.
El monopolio que ejercen el Servicio Público de Empleo Estatal y los Servicios Públicos de Empleo Autonómicos.
La coexistencia de Servicios Públicos de Empleo Estatal, Servicios Públicos de Empleo Autonómicos, Servicios Públicos de Empleo Locales y Agencias Privadas de Colocación.
La coexistencia de Servicios Públicos de Empleo Estatal, Servicios Públicos de Empleo Autonómicos y Agencias Privadas de Colocación.
Servicios de orientación profesional.
Servicios de colocación y asesoramiento a empresas.
Servicios de movilidad intersectorial.
Servicios de formación y cualificación para el empleo.
Es una materia cuya competencia es compartida entre el Estado y las Comunidades Autónomas tal y como establece la CE.
El Estado tiene la competencia exclusiva en materia de inmigración.
El Estado tiene competencia exclusiva en la legislación básica en materia de inmigración.
La política de inmigración es una competencia transferida a las Comunidades Autónomas adquirida mediante la reforma de sus Estatutos, transcurridos cinco años, tal y como se recoge en el artículo 148.2 de la CE.
Por el 70 por ciento de plantilla con personas trabajadoras con discapacidad.
Por el 60 por ciento de plantilla con personas trabajadoras con discapacidad.
Por el 80 por ciento de plantilla con personas trabajadoras con discapacidad.
Por el 55 por ciento de plantilla con personas trabajadoras con discapacidad.
Sólo puede ser percibida cuando el beneficiario esté siendo atendido por su entorno familiar.
Es compatible con cualquier servicio de prevención de situaciones de dependencia.
Tiene como finalidad complementar la asistencia pública o concertada en casos de gran dependencia.
Tiene como finalidad la promoción de la autonomía de las personas con dependencia.
El Gobierno atenderá el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en el nombramiento de los titulares de los órganos directivos de la Administración General del Estado.
En la adjudicación de las plazas para participar en los cursos de formación de los empleados públicos, se otorgará preferencia durante seis meses a quienes se hayan incorporado al servicio activo procedentes del permiso de maternidad o paternidad.
No serán admisibles, en ningún caso, las diferencias de trato entre hombres y mujeres en el acceso a bienes y servicios en el sector público o en el privado.
En los procesos de carácter penal, en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias por razón de sexo, corresponderá a la persona demandada probar la ausencia de discriminación.
Congreso, Senado y Gobiernos de las Comunidades Autónomas.
Congreso, Defensor del Pueblo y Ministerio Fiscal.
Gobierno, Defensor del Pueblo y Ministerio Fiscal,
Gobierno, Congreso y Senado.
Los proyectos de reglamentos habrán de ser informados por la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios.
Se podrá prescindir del informe por razón de género cuando el reglamento no afecte a derechos e interés legítimos de los ciudadanos.
El reglamento podrá publicarse en fases sucesivas en el BOE, entrando en vigor en su totalidad a partir de la primera publicación.
Será necesario justificar la necesidad y oportunidad de un reglamento para iniciar su procedimiento de elaboración.
Orden del Ministro de la Presidencia, dictada a propuesta de los Ministros interesados.
Orden del Ministro de la Presidencia, dictada a propuesta del Ministro de la Presidencia.
Real Decreto, dictado a propuesta de los Ministros interesados.
Acuerdo del Consejo de Ministros, dictada a propuesta de los Ministros interesados.
Se otorga mediante Ley de Bases y debe circunscribirse a la mera formulación de un texto único.
Se otorga mediante Ley de Bases y puede incluir la regularización, aclaración y armonización los textos legales que han de ser refundidos.
Se otorga mediante Ley ordinaria y puede incluir la regularización, aclaración y armonización los textos legales que han de ser refundidos.
Se otorga mediante Ley ordinaria y debe circunscribirse a la mera formulación de un texto único.
Se utilizará el procedimiento previsto en el propio Tratado, siendo necesaria la previa autorización de las Cortes Generales.
Se utilizará el mismo procedimiento previsto para su aprobación, siendo necesaria la previa autorización de las Cortes Generales.
Se utilizará el mismo procedimiento previsto para su aprobación, dando cuenta a las Cortes Generales.
Se utilizará el procedimiento previsto en el propio Tratado, dando cuenta a las Cortes Generales.
Siempre que se dicten en sustitución de actos anulados, y, asimismo, cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas.
Excepcionalmente, cuando se dicten en sustitución de actos anulados, y, asimismo, cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas.
Únicamente cuando se dicten en sustitución de actos anulados.
Siempre que se dicten en sustitución de actos anulados, y, asimismo, cuando produzcan efectos favorables al interesado y no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas.
La notificación deberá ser cursada en el plazo de 15 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
A petición del interesado, se podrá prescindir de incorporar la acreditación de la notificación al expediente.
Si el representante del interesado rechaza la notificación, se intentará de nuevo en el plazo de los 3 días siguientes.
Cuando los plazos se señalen por días naturales, se hará constar esta circunstancia en la correspondiente notificación.
Gestión de Servicios.
Servicios.
Suministro.
Consultoría y asistencia.
En los contratos de obras, el órgano de contratación podrá eximir al adjudicatario de la obligación de constituir garantía.
En los contratos de obras el importe de la garantía definitiva se calculará aplicando el 5 por 100 sobre el valor estimado del contrato.
Cuando la cuantía del contrato se determine en función de precios unitarios, el importe de la garantía a constituir se fijará atendiendo al presupuesto base de licitación.
Como regla general, los que presenten las ofertas económicamente más ventajosas en las licitaciones de los contratos que celebren las Administraciones Públicas deberán constituir a disposición del órgano de contratación una garantía de un 10 por 100 del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
En el plazo máximo de dos meses a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones.
En el plazo indicado en el Pliego de cláusulas regulador de cada procedimiento contractual.
En el plazo máximo de quince días a contar desde el siguiente al de apertura de proposiciones.
En el plazo máximo de treinta días hábiles a contar desde el siguiente al de apertura de proposiciones.
Al carácter de la prestación principal desde el punto de vista de la naturaleza del contrato.
A la naturaleza de la prestación que tenga un mayor plazo de ejecución.
Al carácter de la prestación que tenga más importancia desde el punto de vista económico.
Tanto al carácter de la prestación que tenga un mayor plazo de ejecución como a la naturaleza del contrato.
Todos los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación de los contratos administrativos.
Determinados actos de trámite adoptados por cualquier entidad del sector público en el procedimiento de adjudicación de contratos menores.
Determinados actos de trámite adoptados por las Administraciones Públicas en el procedimiento de adjudicación de contratos de obra sujetos a regulación armonizada.
Todos los actos de los órganos de contratación dictados en relación con las modificaciones contractuales no previstas en el pliego.
18.000 euros.
500.000 euros.
350.000 euros.
50.000 euros.
Para los contratos de suministro cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros.
Para los contratos de servicios comprendidos en las categorías 6, 8, 21, 26 y 27 del Anexo ll de la Ley.
Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros.
Para los contratos de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros.
Con carácter general deben ser de concurrencia competitiva. Sólo pueden ser de adjudicación directa las previstas nominativamente en los presupuestos generales de la Administración correspondiente, las que vengan impuestas por una norma con rango de ley o aquellas en las que se acrediten razones excepcionales de interés público, social o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.
Con carácter general deben ser de concurrencia competitiva. Sólo pueden ser de adjudicación directa si existe alguna causa excepcional de utilidad pública o interés social debidamente justificada, lo cual requerirá autorización de Consejo de Ministros, del Órgano de Gobierno de la Comunidad Autónoma o del Pleno de la Corporación Local.
Con carácter general deben ser de concurrencia competitiva. Sólo pueden ser de adjudicación directa las previstas nominativamente en los presupuestos generales de la Administración correspondiente, las que vengan impuestas por una norma con rango de ley, las prestaciones no contributivas del sistema de Seguridad Social, o las ayudas en caso de emergencia humanitaria.
Con carácter general deben ser de concurrencia competitiva. Sólo pueden ser de adjudicación directa las previstas nominativamente en los presupuestos generales de la Administración correspondiente, las que vengan impuestas por una norma con rango de ley o las que estén sometidas al régimen especial para subvenciones de cooperación internacional previsto en la disposición adicional decimoctava de la LGS.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de reintegro de una subvención será de 6 meses desde la fecha del acuerdo de iniciación.
Los Secretarios de Estado, en el ámbito de la Administración General del Estado, son competentes para su concesión.
La Agencia Estatal de la Administración Tributaria es el órgano responsable de la administración y custodia de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
La obtención de una subvención falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubiesen impedido o limitado está tipificado como infracción grave.
Deberá hacerse siempre mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros.
Deberá hacerse siempre mediante Ley individualizada de las Cortes Generales.
Podrá hacerse mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros cuando por Ley se haya declarado genéricamente la utilidad pública para categorías o clases determinadas de obras, servicios o concesiones.
Podrá hacerse mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros al estar ya declarada por Ley la utilidad pública para todos los bienes inmuebles del Estado.
Se declarará así en la resolución que ponga fin al procedimiento y se procederá a su tasación, a su inclusión en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado y a su inscripción en el Registro de la Propiedad.
Se instará la declaración del derecho ante el Juzgado civil competente por la Dirección General de Patrimonio del Estado.
Se instarán del Juez competente las medidas cautelares necesarias para asegurar la conservación del bien o derecho y el reconocimiento del mismo mediante sentencia judicial.
Se formulará interdicto posesorio ante el juzgado competente.
Los derechos de propiedad incorporal del Estado.
Las playas.
Los inmuebles de la Administración General del Estado sede de sus organismos.
La plataforma continental.
Subsidiariamente, de los daños y perjuicios causados por el personal que se encuentre a su servicio, considerándose la actuación del mismo actos propios de la Administración bajo cuyo servicio se encuentre.
Directamente de los daños y perjuicios causados por el personal que se encuentre a su servicio, considerándose la actuación del mismo actos propios de la Administración bajo cuyo servicio se encuentre.
Subsidiariamente, de los daños y perjuicios causados por el personal que se encuentre a su servicio, sin que quepa considerar la actuación del mismo actos propios de la Administración bajo cuyo servicio se encuentre.
Directamente de los daños y perjuicios causados por el personal que se encuentre a su servicio, sin que quepa considerar la actuación del mismo actos propios de la Administración bajo cuyo servicio se encuentre.
Como regla general, los informes serán preceptivos y no vinculantes, siendo evacuados en el plazo de diez días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor.
Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.
El instructor del procedimiento podrá rechazar pruebas propuestas por los interesados por considerarlas manifiestamente improcedentes sin necesidad de motivar su resolución.
En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia los interesados podrán alegar los defectos de tramitación y, en especial, los que supongan infracción de los plazos o la omisión de trámites que pueden ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto.
Los interesados en un procedimiento que conozcan datos que permitan identificar a otros interesados que no hayan comparecido en él tienen el deber de proporcionárselos a la Administración actuante.
Los interesados en un procedimiento que conozcan datos que permitan identificar a otros interesados que no hayan comparecido en él no están obligados a proporcionárselos a la Administración actuante.
Los interesados en un procedimiento que conozcan datos que permitan identificar a otros interesados que no hayan comparecido en él tienen el deber de comunicarle al interesado la apertura del procedimiento.
Todo ciudadano que conozcan datos que permitan identificar a un interesado en un procedimiento que no hayan comparecido en él tienen el deber de proporcionárselos a la Administración actuante.
El órgano competente para la resolución del recurso podrá acordar motivadamente su inadmisión a trámite, previo dictamen del Consejo de Estado, cuando se hubiesen desestimado en cuanto al fondo otros recursos sustancialmente iguales.
Cuando la causa del recurso sea que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución, el plazo de interposición serán 4 años desde que la sentencia judicial es firme.
Contra los actos firmes en vía administrativa podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión ante el órgano administrativo que los dictó, correspondiendo la resolución del recurso al órgano jerárquicamente superior.
El órgano al que corresponde conocer del recurso extraordinario de revisión debe pronunciarse sobre la procedencia del recurso, y el fondo de la cuestión resuelta por el acto recurrido.
Recurso interpuesto por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia en defensa de la unidad de mercado.
Recurso contra actos y disposiciones de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
Recurso contra actos de las Entidades Locales y de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, cuyo conocimiento no esté atribuido a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
Recurso contra resoluciones que acuerden la inadmisión de las peticiones de asilo político.
Cuando no hayan sido solicitadas en la demanda o el escrito de interposición.
Cuando se oponga el Ministerio Fiscal a la adopción de tales medidas.
Cuando de la medida solicitada pudiera seguirse perturbación grave de los intereses generales o de tercero que el Juez o Tribunal ponderará en forma circunstanciada.
Cuando la medida solicitada impida la ejecutoriedad del acto.
Para que el desistimiento del representante en juicio produzca efectos será necesario que lo ratifique la parte demandada.
El recurrente podrá desistir del recurso en cualquier momento anterior a la sentencia.
Si fueren varios los recurrentes, el desistimiento de uno de ellos supondrá la finalización del procedimiento para la totalidad.
Implica la condena en costas del recurrente que desiste.
La renuncia a la condición de funcionario.
La pérdida de la nacionalidad.
La jubilación por incapacidad permanente.
La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público.
Real Decreto del Gobierno de la Nación.
Ley de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.
Orden ministerial o resolución de la Consejería de la Comunidad Autónoma correspondiente.
Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones.
La Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
El Subsecretario del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
El Secretario de Estado de Administraciones Públicas.
El Director General de la Función Pública.
Sin necesidad de haber prestado servicios efectivos previamente.
Cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un período mínimo de dos años inmediatamente anteriores.
Cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un período mínimo de cuatro años inmediatamente anteriores.
Cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un período mínimo de cinco años inmediatamente anteriores.
Cuando adquieran la condición de funcionarios al servicio de organizaciones internacionales.
Cuando sean adscritos a los servicios del Tribunal Constitucional.
Cuando sean activados como reservistas voluntarios para prestar servicios en las Fuerzas Armadas.
Cuando sean transferidos a las Comunidades Autónomas.
No, sólo podrán acceder a través de obtención de destinos definitivos (concurso o libre designación).
Sí, pero sólo en el caso de existencia de convenio entre el Estado y la Comunidad Autónoma.
Sí, a petición de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, con autorización de los Departamentos Ministeriales.
Sí, si se incluye la medida en un procedimiento de transferencia de competencias.
Para las funciones científica y sanitaria.
Para las funciones docente y sanitaria.
Para las funciones científica y docente.
Para las funciones científica, docente y sanitaria.
La suspensión determinará la pérdida del puesto de trabajo cuando exceda de seis meses.
La suspensión determinará la pérdida del puesto de trabajo, en todo caso.
La suspensión no determinará, en ningún caso, la pérdida del puesto de trabajo.
La suspensión determinará la pérdida del puesto de trabajo cuando exceda de doce meses.
Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales, Seguridad Social y empleo y ejercer, en su caso, las acciones legales oportunas ante los organismos competentes.
Acordar la regulación y determinación de forma concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios, órganos y procedimientos de acceso al empleo público y la promoción profesional.
Negociar las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación del desempeño.
Negociar los criterios generales de los planes y fondos para la formación y la promoción interna.
Suspensión provisional o firme de funciones.
Servicios en Comunidades Autónomas.
Excedencia por cuidado de familiares.
Excedencia voluntaria, en cualquiera de sus modalidades.
El personal laboral de las Administraciones Públicas se regirá, exclusivamente, por el Estatuto de los Trabajadores.
Los Convenios Colectivos podrán determinar la aplicación del capítulo correspondiente de este Estatuto al personal laboral de las Administraciones Públicas en lo que resulte compatible con el Estatuto de los Trabajadores.
Los Convenios Colectivos determinarán el régimen jurídico aplicable al personal laboral de las Administraciones Públicas y, en su defecto, se aplicarán, en todo caso, las previsiones de este Estatuto.
El personal laboral de las Administraciones Públicas se regirá por este Estatuto y, supletoriamente, por el Estatuto de los Trabajadores y Convenios Colectivos que le sean de aplicación.
Servicio activo.
Excedencia Forzosa.
Suspensión de contrato.
Extinción de contrato.
La Comisiones Paritarias de Seguimiento de Pactos y Acuerdos pueden, por atribuciones fijadas por las partes, conocer y resolver conflictos derivados de la aplicación e interpretación de Pactos y Acuerdos.
Las propuestas de solución que ofrezcan el mediador o mediadores serán obligatoriamente aceptadas por las partes.
El procedimiento de arbitraje será libremente acordado por las partes encomendando a un tercero la resolución del conflicto planteado sin comprometerse de antemano a aceptar el contenido de la misma.
Pueden las partes encomendar a varios árbitros la resolución de un conflicto planteado.
Ninguna Administración Pública podrá incurrir en déficit estructural.
Del 0,4 por ciento del Producto Interior Bruto nacional expresado en términos nominales, o el establecido en la normativa europea cuando este fuera inferior.
Del 0,3 por ciento del Producto Interior Bruto nacional expresado en términos nominales, o el establecido en la normativa europea cuando este fuera inferior.
Del 0,6 por ciento del Producto Interior Bruto nacional expresado en términos nominales, o el establecido en la normativa europea cuando este fuera inferior.
Las inversiones reales y las transferencias de capital.
Las inversiones reales, las transferencias de capital y el Fondo de Contingencia.
Las inversiones reales, las transferencias de capital y los activos financieros.
Las inversiones reales, las transferencias de capital y los activos y pasivos financieros.
399.
400.
500.
600.
Mediante baja en el Fondo de Contingencia conforme a lo previsto en el artículo 50 de esta ley o con baja en otros créditos de operaciones no financieras.
Mediante baja en el Fondo de Contingencia conforme a lo previsto en el artículo 50 de esta ley o con baja en otros créditos de operaciones financieras o no financieras.
Mediante baja en otros créditos de operaciones financieras o no financieras distintos de los del Fondo de Contingencia.
Mediante baja en otros créditos de operaciones no financieras distintos de los del Fondo de Contingencia.
Las transferencias destinadas a crear créditos destinados a subvenciones nominativas salvo que sean conformes con lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones.
Las transferencias que no se deriven de convenios o acuerdos de colaboración entre distintos Departamentos Ministeriales.
Las transferencias de crédito que hayan de realizarse como consecuencia de reorganizaciones administrativas o traspaso de competencias a Comunidades Autónomas.
No existen excepciones para estas restricciones.
Las Cortes Generales.
El Consejo de Ministros.
El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
El titular del Ministerio afectado.
Del tres por ciento de los créditos del capítulo destinado a los créditos del artículo 23, «indemnizaciones por razón del servicio» del programa 222A, «Seguridad ciudadana» vigente en cada momento.
Del tres por ciento del total de los créditos de los presupuestos de gastos vigente en cada momento.
Del tres por ciento de los créditos del capítulo destinado a gastos corrientes de bienes y servicios del presupuesto vigente en cada momento.
Del importe que se fije mediante acuerdo por el titular del Departamento Ministerial.
60.
64.
24.
22.
No, con cargo a libramientos a justificar únicamente podrán satisfacerse obligaciones del mismo ejercicio.
Sí, siempre que lo autorice el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
Sí, previo acuerdo del Consejo de Ministros, si ello fuese considerado relevante para el interés general.
No, los libramientos a justificar no pueden atender obligaciones generadas en el extranjero.
Retribuciones básicas.
Retribuciones complementarias.
Retribuciones diferidas.
Pagos en especie.
La correspondiente al puesto de procedencia.
La correspondiente al puesto de incorporación.
La parte proporcional correspondiente a los días que estuvo en cada puesto de trabajo.
El salario base, trienios, complemento de destino del puesto de procedencia, y el complemento específico del puesto de incorporación.
A los seis meses, a contar desde el día siguiente al de haber sido notificado en forma al interesado su reconocimiento.
A los seis meses, a contar desde el día siguiente al de dictarse la resolución de su reconocimiento al interesado.
Al año, a contar desde el día siguiente al de haber sido notificado en forma al interesado su reconocimiento.
Al año, a contar desde el día siguiente al de dictarse la resolución de su reconocimiento al interesado.
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