OEP 2010
Fecha del examen 2010-10-23
No podrá producir, salvo situaciones excepcionales, la suspensión de la disposición recurrida.
Producirá la suspensión de la disposición recurrida hasta que recaiga sentencia firme.
Producirá la suspensión que, el Tribunal Constitucional, deberá ratificar o levantar en un plazo máximo de cinco meses.
Producirá la suspensión que, el Tribunal Constitucional, deberá ratificar o levantar en un plazo máximo de doce meses.
El grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más a la de menos.
El grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, la persona de más edad a la de menos, y en la misma edad, el varón a la mujer.
La línea anterior a las posteriores; en la misma línea, la persona de más edad a la de menos; en la misma edad, el grado más próximo al más remoto, y en el mismo grado, el varón a la mujer.
La línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos.
Un diputado y un senador, cada una de ellas.
Dos diputados y un senador, cada una de ellas.
Un diputado y dos senadores, cada una de ellas.
Dos diputados y dos senadores, cada una de ellas.
Deberá votarse en el plazo máximo de cinco días desde su presentación.
Deberá votarse una vez transcurridos diez días desde su presentación.
Podrán presentarse mociones alternativas durante los dos días siguientes al de su presentación.
No cabe presentar mociones alternativas hasta que no se resuelva la moción de censura ya presentada.
El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones conforme a los principios de unidad de actuación e independencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.
El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.
El Fiscal General del Estado será nombrado por el Gobierno a propuesta del Pleno del Consejo General del Poder Judicial.
Por Real Decreto del Consejo de Ministros.
Por Real Decreto del Presidente del Gobierno.
Por orden del Ministro correspondiente.
A través de las relaciones de puestos de trabajo.
El Director General del que dependan.
El Subsecretario del Departamento Ministerial correspondiente.
Por orden del Ministro correspondiente.
Real Decreto del Consejo de Ministros.
Por Real Decreto del Consejo de Ministros por ser alto cargo.
Por Resolución del Delegado del Gobierno en Castilla y León por el procedimiento de libre designación.
Por Orden del Ministro de Política Territorial.
Por Resolución del Delegado del Gobierno en Castilla y León por el procedimiento de concurso de méritos.
No, solamente las entidades públicas empresariales.
No, solamente las entidades públicas empresariales y las agencias estatales.
Sí en todo caso.
Solamente cuando no den lugar a una contraprestación compensatoria de su coste por parte de los destinatarios.
No, se regirá por lo dispuesto en la normativa de función pública.
Sí, puede optar entra aplicar los conceptos retributivos generales o establecer nuevos conceptos en su contrato de gestión.
Los conceptos retributivos serán establecidos en la normativa de función pública, pero sus cuantías serán las que se fijen en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.
Los conceptos retributivos y sus cuantías son iguales para todo el sector público.
El Delegado del Gobierno, en cuanto a la actividad administrativa.
El Subdelegado del Gobierno, en cuanto al ejercicio de la potestad expropiatoria.
El Tribunal de Cuentas, en cuanto al control económico y presupuestario.
La Conferencia de Presidentes, en cuanto a las relaciones bilaterales Estado-Comunidades Autónomas.
Sí, por estar establecido así en el art. 97 del Estatuto de Autonomía de Cataluña.
No, pues ningún órgano, salvo el Consejo General del Poder Judicial, puede ejercer la función de gobierno de los órganos jurisdiccionales integrados en el Poder Judicial, ni otra ley que no sea la Orgánica del Poder Judicial puede determinar la estructura y funciones de aquel Consejo.
Sí, según lo regulado en el art. 97 del Estatuto de Autonomía de Cataluña y en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Sólo como órgano desconcentrado del Consejo General del Poder Judicial, según la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial.
Sí, si se trata de una competencia estatal de las residuales del artículo 149.3 de la Constitución.
Sí, si es una técnica de traslación competencial.
No, la atribución deben realizarla las Cortes Generales.
Sí, estableciendo los adecuados mecanismos de control.
Seguirá en vigor la Ley autonómica pero sólo en el ámbito territorial de esa Comunidad Autónoma.
Ninguna, una vez sancionadas son normas independientes.
Ninguna, seguirán vigentes ambas según el principio de competencia.
La nulidad de la norma autonómica por la incompatibilidad con el contenido de la norma estatal.
No, los municipios gozan de plena autonomía.
No, deberá interponer un recurso contencioso-administrativo con una petición expresa de suspensión del acto impugnado.
Sí, si atenta gravemente contra el interés general de España puede suspenderlo sin más requisitos que el requerimiento previo.
Sí, pero solamente si atenta gravemente contra el interés general de España, previo requerimiento y con posterior impugnación ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Cabildos en las Islas Canarias y Consejos Insulares en las Islas Baleares.
Cabildos en las Islas Baleares y Consejos Insulares en las Islas Canarias.
Direcciones Insulares, tanto en las Islas Canarias como en las Islas Baleares.
Las islas no tienen órganos de gobierno específicos.
Sólo los municipios con menos de cien habitantes.
Los municipios con menos de cien habitantes y aquellos mayores de cien habitantes que tradicionalmente cuenten con este singular régimen de gobierno y administración en tanto su población de derecho no supere los 1000 habitantes.
Sólo los municipios en los que por su localización geográfica, la mejor gestión de los intereses municipales y otras circunstancias lo hagan aconsejable.
Los municipios con menos de cien habitantes y aquellos que tradicionalmente cuenten con este singular régimen de gobierno y administración o aquellos que por su localización geográfica, la mejor gestión de los intereses municipales u otras circunstancias lo hagan aconsejable.
El Tratado de Maastricht.
El Tratado de Lisboa.
El Tratado de Ámsterdam.
El Acta Única Europea.
El Consejo de la UE.
El Parlamento Europeo.
La Comisión Europea.
El Consejo Europeo.
El Consejo Europeo.
El Tribunal de Justicia.
El Parlamento Europeo.
Ninguna.
El procedimiento de consulta.
El procedimiento de codecisión.
El procedimiento de dictamen conforme.
El procedimiento de cooperación.
Dos tercios del número de Estados Miembros.
Veinte.
Veintisiete.
Treinta.
Consejo de la Unión Europea y Parlamento Europeo.
Sólo el Consejo Europeo.
Sólo el Consejo de la Unión Europea en su formación de Ministros de Economía (ECOFIN).
Parlamento Europeo y Comisión.
La revocación del Derecho interno.
La derogación del Derecho interno.
Dependerá de la materia de que se trate.
La inaplicación del Derecho interno.
La creación de empleo en la Unión Europea.
El control de la inflación.
La lucha contra el fraude fiscal.
Fomentar el crecimiento económico.
Modelo top-down.
Modelo garbage can.
Modelo bottom-up.
Modelo de implementación coincidente.
De impacto.
Estratégica.
De procesos.
De contenido.
Únicamente a través del control financiero permanente, ejercido por los servicios centrales de la Intervención General de la Administración del Estado.
Control financiero permanente y auditoría pública. El primero se realizará por las Intervenciones Delegadas en las Agencias Estatales.
Control por parte del Tribunal de Cuentas de acuerdo con su normativa específica.
Control de eficacia, ejercido por los Ministerios de adopción, a través del seguimiento del contrato de gestión.
El Plan de Evaluaciones Estratégicas del Gobierno.
El Plan de Acción Anual.
El Contrato Programa.
El Plan Director.
En todo caso, aunque no se deje constancia de su recepción.
Si se remite, por voluntad del destinatario, un acuse de recibo.
Siempre que se genere automáticamente y con independencia de la voluntad del destinatario un acuse de recibo.
En ningún caso, al no aparecer recogida dicha posibilidad como uno de los medios de práctica de las notificaciones por medios electrónicos.
15 días naturales.
15 días hábiles.
20 días naturales.
20 días hábiles.
El equilibrio presupuestario en el año 2013.
Una tasa de paro del 16 por ciento.
Un crecimiento medio anual del 1 por ciento del PIB en el periodo de duración del citado programa.
Un déficit del 3 por ciento del PIB en el año 2013.
El instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.
El Consejo Estatal de Comunicación Audiovisual.
El Consejo Estatal de Medios Audiovisuales.
El Consejo Audiovisual de España.
El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.
El Plan Nacional de Lucha Contra al Cambio Climático.
La Estrategia Nacional de Disminución de las Emisiones de Gases con Efecto Invernadero.
Los Planes Periódicos elaborados por el Consejo Nacional del Clima.
Grado I. Gran dependencia.
Grado III. Dependencia severa.
Grado. II, Dependencia moderada.
Grado II. Dependencia severa.
Exclusivamente en las aportaciones del Estado al Presupuesto de la Seguridad Social.
Las cuotas de las personas obligadas.
Las cuotas de las personas obligadas, las cantidades recaudadas en concepto de recargos, sanciones u otras de naturaleza análoga, los frutos, rentas o intereses y cualquier otro producto de sus recursos patrimoniales y cualesquiera otros ingresos.
Las aportaciones del Estado al presupuesto de la Seguridad Social, las cuotas de las personas obligadas, las cantidades recaudadas en concepto de recargos, sanciones u otras de naturaleza análoga, los frutos, rentas o intereses y cualquier otro producto de sus recursos patrimoniales y cualesquiera otros ingresos.
Impuestos específicos finalistas establecidos por las Comunidades Autónomas.
Aportaciones voluntarias de ciudadanos y Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
Beneficios obtenidos por las inversiones realizadas con los remanentes de tesorería del Sistema Nacional de Salud.
Tasas por la prestación de determinados servicios.
Instituto Social de las Fuerzas Armadas.
MUFACE.
MUGEJU.
El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
EL 80 por ciento del salario mínimo interprofesional mensual.
El 80 por ciento del lndicador público de renta de efectos múltiples (en adelante IPREM) mensual vigente en cada momento.
Una cuantía igual a la que corresponda a la pensión mínima no contributiva.
La que se determine anualmente en los Presupuestos Generales del Estado.
Haber cotizado por desempleo al menos durante 6 meses.
Haber agotado la prestación contributiva por desempleo.
Que la privación de libertad haya durado más de seis meses.
Estar en situación de libertad provisional.
El Instituto de Crédito Oficial.
El Ministerio de Economía y Hacienda.
La Agencia Estatal de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
La Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica.
A que se le asigne un número de identificación de extranjeros.
A que se comunique su solicitud al Comité Español de Ayuda al Refugiado.
A que se resuelva a su favor cualquier proceso de devolución, expulsión o extradición que pudiera afectar al solicitante.
A asistencia jurídica gratuita e intérprete.
A las personas que son culpables de actos contrarios a las finalidades y a los principios de las Naciones Unidas.
A las personas que constituyan, por razones fundadas, un peligro para la seguridad de España y a las personas que, habiendo sido objeto de una condena firme por delito grave, constituyan una amenaza para la comunidad.
A las personas que hayan cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la humanidad definidos en los instrumentos internacionales que establecen disposiciones relativas a tales delitos.
A las personas condenadas a pena de muerte.
El visado de tránsito será exigible a efectos de repatriación como regla general.
El visado de residencia y trabajo habilita para la entrada y estancia por un periodo máximo de 3 meses.
El visado de estudios habilita para permanecer en España para la realización de prácticas remuneradas.
El visado de trabajo de temporada habilita para estancias sucesivas cuya suma de periodos no exceda de 3 meses por semestre.
Podrá obtener la condición de refugiada sí ha huido de su país de origen debido a un temor fundado a sufrir persecución por motivos de género en función de las circunstancias imperantes en el país de origen.
Podrá obtener la condición de refugiado si acredita simplemente que ha huido de su país de origen debido a un temor fundado a sufrir persecución por motivos de género.
El derecho de asilo se refiere exclusivamente a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia o determinado grupo social, en ningún caso a las victimas de violencia de género.
Podrá obtener la condición de refugiada si es capaz de acreditar que ha huido de su país de origen debido a un temor fundado a sufrir persecución por motivos de género. En este sentido, si la acreditación es insuficiente, podrán considerarse los informes del Relator Especial de Naciones Unidas sobre Derechos humanos referentes al país de origen, como indicio suficiente para acreditar la situación de la mujer como victima de violencia de género.
La sentencia judicial que declare la situación de la víctima o, excepcionalmente, con el informe de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El certificado médico que acredite la situación de la victima.
La presentación de la denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. acompañada del informe del Ministerio Fiscal.
La orden de protección a favor de la victima y, excepcionalmente con informe del Ministerio Fiscal.
El ámbito y los límites del derecho de huelga, reconocido en el artículo 28.2 de la Constitución de 1978.
El contenido esencial del derecho a una vivienda digna, reconocido en el artículo 47 de la Constitución de 1978.
La planificación de la actividad económica general.
La prohibición de conceder un indulto a quien fuere condenado más de cinco veces por la comisión de delitos de hurto.
Dictamen del Consejo de Estado.
Informe del Ministerio de la Presidencia.
Informe del Servicio Jurídico del Estado.
Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio proponente.
Recurso de inconstitucionalidad.
Revisión de oficio.
Recurso de alzada.
Recurso de amparo.
Por el Pleno de la Corporación o, en su defecto, por el órgano colegiado superior de la entidad.
Por la Federación Española de Municipios y Provincias.
Por el Alcalde-Presidente.
Por el Concejal que haya adoptado el acto de que se trate.
La fusión de la personalidad jurídica de la sociedad contratista adjudicataria.
En contratos de: servicios, la suspensión por causa imputable a la Administración de la iniciación del contrato por plazo superior a un año a partir de la fecha señalada en el mismo para su comienzo.
La declaración de concurso es declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento.
En contratos de servicios, las modificaciones en el contrato, aunque fueran sucesivas, que impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del contrato, en cuantía superior, en más o en menos, al 15% del precio primitivo del contrato, con exclusión del VA.
50.000 €
100.000 €
20.000 €
30.000 €
Concierto, por el que el empresario gestionará el servicio a su propio riesgo y ventura.
Concesión, con persona natural o jurídica que venga realizando prestaciones análogas a las que constituyen el servicio público de que se trate.
Gestión directa, en cuya virtud la Administración y el empresario participarán en los resultados de la explotación del servicio en la proporción que se establezca en el contrato.
Sociedad de economía mixta en la que la Administración participe, por sí o por medio de una entidad pública, en concurrencia con personas naturales o jurídicas.
Los de importe inferior a 60.000 €
Los de importe inferior a 40.000 € siempre que su duración sea inferior aun año.
Los de importe inferior a 18.000 € siempre que su duración sea superior a un año.
Todos aquellos contratos de obras sujetos a regulación armonizada.
Tres meses.
Doce meses.
Seis meses.
No existe plazo máximo para resolver.
Los condenados mediante sentencia a la pérdida de la posibilidad de obtener ayudas.
Los que tengan la residencia fiscal fuera de España.
Los sancionados mediante resolución con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según la Ley General Tributaria.
Los que hayan dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.
La cantidad fijada como justo precio devengará el interés legal correspondiente a favor del expropiado hasta que se proceda a se pago efectivo.
Habrá de procederse a evaluar de nuevo las cosas o derechos objeto de expropiación.
Deberá iniciarse un nuevo procedimiento de expropiación.
El expropiado o sus causahabientes podrán ejercer el derecho de reversión.
Al Ministro de Economía y Hacienda.
Al Ministro de Fomento.
A los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas.
A los Jurados Provinciales de Expropiación.
Afectación sucesiva.
Permuta demanial.
Mutación demanial.
Reserva demanial.
Una explotación comercial agraria donada a la Administración General del Estado con la condición de que se mantenga durante 30 años su destino actual.
Un bien mostrenco (i.e., un inmueble carente de dueño, que la Administración General del Estado adquiere por ministerio de la Ley).
Un edificio, alquilado a una empresa inmobiliaria, en el que tiene su sede central un Ministerio.
Una finca rústica adquirida por el Estado mediante expropiación forzosa.
Debe abonarse siempre en efectivo, mediante un Único pago.
Debe abonarse siempre en efectivo, aunque pueda realizarse mediante pagos periódicos cuando exista acuerdo con el interesado.
Puede sustituirse por una compensación en especie cuando convenga al interés público, sin que sea necesario en tal caso el acuerdo con el interesado.
Puede sustituirse por una compensación en especie, pero sólo si existe acuerdo con el interesado.
Hasta 5 días.
Hasta 10 días.
Hasta 15 días.
Hasta 20 días.
El vencimiento del plazo máximo para resolver y notificar producirá la caducidad del mismo, cuando pudiera derivarse el reconocimiento o constitución de derechos u otras situaciones jurídicas individualizadas.
El vencimiento del plazo máximo para resolver y notificar legitima a los interesados para entender estimadas sus solicitudes.
El vencimiento del plazo máximo para resolver y notificar legítima a los interesados para entender estimada su solicitud, salvo que la misma se trate de un recurso de alzada.
El vencimiento del plazo máximo para resolver y notificar producirá la caducidad del mismo, cuando se trate del ejercicio de la potestad sancionadora.
Cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no recogidos en el expediente originario.
Cuando hayan de tenerse en cuenta las alegaciones presentadas por el interesado en el escrito de recurso administrativo.
Cuando hayan de tenerse en cuenta los informes que se hayan emitido en relación con el recurso administrativo presentado.
Cuando hayan de tenerse en cuenta los documentos que haya presentado el interesado junto con el recurso administrativo, aunque los mismos pudieran haberse aportado en el procedimiento originario.
Una demanda presentada por el propietario de un edificio contra la Administración arrendataria del mismo, por el impago de la renta de alquiler.
Una demanda de responsabilidad patrimonial presentada contra un Ministerio por los daños producidos a un transeúnte por la caída de una maceta desde la ventana del edificio en el que Ministerio tiene su sede.
La impugnación de una sanción impuesta por un colegio profesional a uno de sus miembros, por negligencia en el cumplimiento de sus deberes profesionales,
En marco de un procedimiento contencioso-administrativo ya iniciado, el conocimiento y decisión de una cuestión prejudicial, directamente relacionada con el recurso contencioso-administrativo presentado, relativa a la titularidad del derecho de propiedad intelectual sobre una obra musical.
Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo o a las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.
Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, en todo caso.
Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia o de la Audiencia Nacional.
Las Salas de lo Contencioso-Administrativo dedos Tribunales Superiores de Justicia o del Tribunal Supremo.
La reclamación del expediente al órgano autor del acto o disposición.
El Auto de admisión del recurso.
El inicio del procedimiento mediante presentación del recurso contencioso-administrativo.
La oralidad del proceso.
En todos los aspectos que la Ley regula.
Cuando así lo disponga su legislación especifica.
No se les aplica en ningún supuesto.
Se aplica en todo menos en el régimen disciplinario.
Sólo se podrá eximir del requisito de la nacionalidad por Ley de las Cortes Generales.
Sólo se podrá eximir del requisito de la nacionalidad por Ley de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, por razones de interés general y para el acceso a la condición de personal funcionario.
Las Administraciones Públicas podrán eximir del requisito de nacionalidad por razones de interés público debiendo quedar este extremo recogido en la convocatoria del proceso selectivo, en la que se indicará cual es la Ley o Reglamento que habilita esta excepción.
No se podrá eximir del requisito de la nacionalidad sin una Ley de Armonización que así lo prevea.
El Ministerio al que esté adscrito el Cuerpo o Escala, previo informe favorable de la Dirección General de la Función Pública.
El Ministerio de la Presidencia, en todo caso.
El Consejo de Ministros.
Exclusivamente y en todo caso, la Dirección General de la Función Pública.
Tendrá carácter definitivo, equivalente a todos los efectos a los obtenidos por concurso.
Se deberá efectuar a puestos con el nivel mínimo del Grupo o Subgrupo al que pertenezca el Cuerpo o Escala.
Supondrá la adquisición como grado personal consolidado el del nivel de dicho puesto inicial.
Se deberá efectuar a puestos del Ministerio u Organismo Autónomo al que esté adscrito el Cuerpo o Escala.
16 años cumplidos y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
18 años cumplidos, sin que exista ninguna edad máxima de acceso.
16 años, siendo la edad máxima 60 años.
No existe límite de ningún tipo, sino tener la titulación y superar el proceso selectivo correspondiente.
Cuando ostenten cargos electivos a nivel estatal en las Organizaciones Sindicales más representativas en el citado ámbito.
Cuando sean designados asesores de los grupos políticos de los Plenos de las Corporaciones Locales.
Cuando adquieran la condición de funcionarios al servicio de Organizaciones Internacionales.
Cuando accedan a la condición de miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas perciban, o no, retribuciones periódicas por la realización de su función.
Se podrá recabar por el órgano competente la intervención de especialistas que permitan apreciar la idoneidad de los candidatos.
Se deberá recabar por el órgano competente la intervención de especialistas que permitan apreciar la idoneidad de los candidatos.
Las solicitudes para concurrir a las convocatorias de puestos por el procedimiento de libre designación deberán presentarse en el plazo de quince días hábiles.
El procedimiento de provisión por libre designación para personal funcionario de carrera es el procedimiento normal de provisión de puestos de trabajo.
Cuando tal adscripción se derive necesariamente de la naturaleza y de la función a desempeñar y en tal sentido lo determine el Gobierno a propuesta del Ministro de la Presidencia.
Cuando tal adscripción se derive necesariamente de la naturaleza y así se determine en la correspondiente ley de creación del Cuerpo o Escala.
Cuando tal adscripción se derive necesariamente de la- naturaleza y de la función a desempeñar y en tal sentido venga impuesta por una norma con rango de ley.
En la Administración General del Estado no cabe la adscripción de puestos de trabajo con carácter exclusivo, sino de ocupación preferente por funcionarios de un determinado Cuerpo o Escala.
Hasta un 13%, con la reducción de retribuciones que se determine reglamentariamente, siempre que las necesidades del servicio lo permitan.
Hasta un 25%, con la reducción de retribuciones que se determine reglamentariamente, siempre que las necesidades del servicio lo permitan.
Hasta un 40%, con la reducción de retribuciones que se determine reglamentariamente, siempre que las necesidades del servicio lo permitan.
Hasta un 50% con la reducción de retribuciones que se determine reglamentariamente, siempre que las necesidades del servicio lo permitan.
Cinco días en las comisiones de carácter voluntario y treinta en las de carácter forzoso.
Diez días en las comisiones de carácter voluntario y de treinta en las de carácter forzoso.
Cinco días en las comisiones de carácter voluntario y de veinte en las de carácter forzoso.
Ocho días en las comisiones de carácter voluntario y de treinta en las de carácter forzoso.
Las infracciones muy graves prescribirán a los 3 años, las graves al año y las leves a los 6 meses.
Las infracciones muy graves prescribirán a los 3 años, las graves a los 2 años y las leves a los 3 meses.
Las infracciones muy graves prescribirán a los 3 años, las graves a los 2 años y las leves a los 6 meses.
Las infracciones muy graves prescribirán a los 3 años, las graves a los 2 años y las leves al año.
La realización actividades profesionales prestadas a personas a quienes se esté obligado a atender en el desempeño del puesto pública.
La realización de una actividad privada simultaneada con el desempeño de dos puestos públicos cuya suma de jornadas es de cuarenta horas semanales.
La participación del 10 por 100 en el capital de la empresa administradora de un monopolio.
Ninguna de las actividades citadas podría ser objeto de compatibilidad.
Los criterios generales de acción social.
La determinación de condiciones de trabajo del personal directivo.
Los poderes de dirección y control propios de la relación jerárquica.
Todas las relacionadas con la prevención de riesgos laborales.
En número no inferior al 20 por 100 del colectivo convocado.
En numero no inferior al 30 por 100 del colectivo convocado.
En número no inferior al 40 por 100 del colectivo convocado.
En número no inferior al 50 por 100 del colectivo convocado.
En grupos profesionales y áreas funcionales.
En grupos profesionales, familias profesionales y especialidades.
Sólo en 5 grupos profesionales.
Sólo en 8 grupos profesionales.
A todos los puestos de trabajo.
Con carácter general, en el área funcional 2 de los grupos profesionales 3 y 4. En el resto de áreas la asignación de especialidades tendrá carácter excepcional.
En los grupos profesionales 1 y 2. En el resto de áreas la asignación de especialidades tendrá carácter excepcional.
En el área funcional 3 del grupo 1. El resto de áreas funcionales sólo se podrá crear de forma excepcional previa justificación razonada y aprobación por la Comisión de Interpretación, Vigilancia, Estudio y Aplicación (en adelante CIVEA) del IV Convenio Colectivo Único para el personal laboral de la Administración General del Estado.
En términos porcentuales respecto a los ingresos previstos.
En términos porcentuales de la Renta Nacional.
En términos porcentuales del Producto Nacional Bruto.
En términos porcentuales del Producto Interior Bruto Nacional.
La estructura de la organización administrativa correspondiente al ejercicio del presupuesto que se prorroga se mantendrá en tanto no quede aprobado el nuevo presupuesto.
La estructura orgánica del presupuesto prorrogado se adaptará, con la alteración de la cuantía económica total que determine la Dirección General de Presupuestos, a la organización administrativa en vigor en el ejercicio en que el presupuesto deba ejecutarse,
La estructura orgánica del presupuesto prorrogado se adaptará, sin alteración de la cuantía total, a la organización administrativa en vigor en el ejercicio en que el presupuesto deba ejecutarse.
Si la Ley de Presupuestos Generales del Estado no se aprobara antes del primer día del ejercicio correspondiente, el Gobierno aprobará la a de los presupuestos del ejercicio anterior adaptándolos a la estructura de la organización administrativa del ejercicio en que el presupuesto deba ejecutarse.
En ningún caso puede crear tributos ni modificarlos.
Puede tanto crear como modificar tributos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea.
No puede crear tributos y podrá modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea.
Puede crear y modificar tributos en todo caso, al ser una norma con rango de ley.
Un crédito presupuestario.
Un programa presupuestario.
Una aplicación presupuestaria.
Un concepto presupuestario.
Son modificaciones presupuestarias que incrementan los créditos como consecuencia de la realización de determinados ingresos no previstos o superiores a los contemplados en el presupuesto inicial.
Son anticipos de Tesorería para gastos inaplazables, con el límite máximo en cada ejercicio del uno por ciento de los créditos autorizados al Estado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Son modificaciones presupuestarias que implican traspasos de dotaciones entre créditos.
Son modificaciones presupuestarias que reducen los créditos como consecuencia de la realización de determinados gastos no previstos.
Sí, pero respetando los siguientes porcentajes pata cada uno de los ejercicios futuros: 70% para el primer ejercicio posterior; 60% para el segundo y 50% para tercero y cuarto.
No, los créditos presupuestarios se agotan con el fin del ejercicio presupuestario.
Sí, pero respetando los siguientes porcentajes para cada uno de los ejercicios futuros: 70% para el primer ejercicio futuro y 50% para los demás.
Sí, pero respetando los siguientes porcentajes para cada uno de los ejercicios futuros: 60% para el primer ejercicio Futuro, 50% para el segundo y tercero y 40% para el cuarto.
En la comprobación real y efectiva aplicación de los fondos públicos.
En la verificación del cumplimiento de los requisitos legales necesarios para la adopción del acuerdo.
En el examen de todos los documentos que, preceptivamente, deban estar incorporados al expediente.
La fiscalización previa de los actos que acuerden movimientos de fondos y valores.
El saldo deudor injustificado de una cuenta.
La justificación que rinden las personas que tengan a su cargo el manejo de caudales.
La malversación de caudales o efectos públicos por parte de quienes ostentan la condición de cuentadantes ante el Tribunal de Cuentas.
El consentimiento para la aplicación de caudales o efectos públicos a usos propios o ajenos por parte de quien los tenga a su cargo.
Las propuestas de pago efectuadas para satisfacer gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto vigente en cada momento.
Aquellos libramientos que se expidan cuando los servicios y prestaciones a que se refieran hayan tenido o vayan a tener lugar en el extranjero.
Aquellos libramientos con los que pueden satisfacerse únicamente obligaciones de ejercicios posteriores, sin excepción.
Aquellos libramientos para los que se llevará a cabo la aprobación o reparo de la cuenta por la autoridad competente en el mes siguiente a la fecha de aportación de los documentos justificativos.
Cien mil euros.
Quinientos mil euros.
El 10 % del total de créditos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto vigente en cada momento.
El 7 % del total de créditos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto vigente en cada momento.
Tenderán a cubrir el coste del servicio o de la actividad que constituya su hecho imponible.
Son las contraprestaciones pecuniarias que se satisfagan por la prestación de servicios o la realización de actividades efectuadas en régimen de Derecho público cuando, prestándose también tales servicios o actividades por el sector privado, sean de solicitud voluntaria por parte de los administrados.
Son, exclusivamente, ingresos recaudados por el Estado a través de Agencias estatales que no figuran en los Presupuestos Generales del Estado.
Es exclusivamente una contribución municipal.
Varía para cada uno de sus Regímenes.
Se corresponde con el salario mínimo interprofesional incrementada en 1/6.
Se corresponde con el salario mínimo interprofesional.
Se determina periódicamente por Orden el Ministerio de Trabajo e Inmigración.
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