OEP 2011
Fecha del examen 2011-09-24
La regulación sobre la adquisición de la nacionalidad española.
La naturaleza, funcionamiento y estructura de los partidos políticos.
La entrada en vigor de la propia Constitución.
El reconocimiento de los derechos históricos de los territorios forales.
No aparece recogido entre los derechos y deberes del Título I de la Constitución.
Viene regulado en la Sección 2ª del Capítulo 2º del Título I de la Constitución, así como la fuerza vinculante de los convenios.
Aparece regulado en el Título VII de la Constitución, "Economía y Hacienda".
Su tutela es susceptible de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Las asociaciones que se constituyan deben inscribirse en un registro a los efectos de publicidad.
Las asociaciones pueden ser suspendidas en virtud de resolución administrativa motivada.
Este derecho aparece regulado en el Título Preliminar de la Constitución.
Este derecho aparece regulado en la Sección 2ª del Capítulo 2º del Título I de la Constitución.
Podrán ser hasta tres los Adjuntos que auxilien al Defensor del Pueblo en el ejercicio de sus funciones.
El nombramiento de los Adjuntos será publicado en el Diario Oficial del Defensor del Pueblo.
El Defensor del Pueblo podrá delegar sus funciones en los Adjuntos.
No cabe la delegación de funciones en los Adjuntos sino tan solo la sustitución en los supuestos de imposibilidad temporal y de cese.
Existe un Secretario General elegido por el Pleno y nombrado entre los letrados del propio Tribunal.
Existe un Secretario General elegido por el Presidente del Tribunal y nombrado entre los letrados del propio Tribunal.
Existe un Secretario General elegido por el Pleno y nombrado entre juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional.
Existe un Secretario General elegido por el Presidente del Tribunal y nombrado entre juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional.
Proponer el nombramiento de los miembros del Gobierno.
Proponer la disolución de las Cortes Generales.
La autorización de indultos generales.
Expedir los decretos acordados en Consejo de Ministros.
Pueden acumular el acta de una Asamblea de Comunidad Autónoma con la de Diputado al Congreso, en todo caso.
Pueden acumular el acta de una Asamblea de Comunidad Autónoma con la de Diputado al Congreso, solo si lo permite expresamente el respectivo Estatuto de Autonomía.
Pueden acumular el acta de una Asamblea de Comunidad Autónoma con la de Diputado al Congreso, solo si no lo prohíbe expresamente el respectivo Estatuto de Autonomía.
No pueden acumular, en ningún caso, el acta de una Asamblea de Comunidad Autónoma con la de diputado al Congreso.
La comparecencia de los miembros del Gobierno ante las Cámaras y sus Comisiones puede extenderse también a los funcionarios de sus Departamentos.
Los funcionarios sólo comparecerán si así lo solicitasen las propias Cámaras o sus Comisiones.
Los funcionarios sólo comparecerán si así lo deciden los miembros del Gobierno.
Los funcionarios no comparecerán en ningún caso.
Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
Jerarquía.
Coordinación.
Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales.
El Ministerio de adscripción de la Agencia.
El Ministerio al que estén adscritos los Cuerpos y Escalas correspondientes.
El Ministerio de Política Territorial y Administración Pública.
Conjuntamente, el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública y el de Economía y Hacienda.
Desconcentración funcional y territorial.
Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.
Coordinación.
Descentralización funcional.
Autorización previa del Consejo de Ministros.
Una ley que la autorice.
Autorización previa del Ministerio de Economía y Hacienda.
Autorización previa de la Dirección General de Patrimonio del Estado.
No, nunca.
Sí, si así lo prevé su Estatuto, previa comunicación al Ministerio de Economía y Hacienda.
Sí, si así lo prevé su Estatuto, previa autorización del Ministro de Economía y Hacienda.
Sí, si así lo decide el Consejo Rector a petición del Director de la Agencia.
En ningún caso.
Cuando así lo disponga una Ley Orgánica.
Cuando lo acuerden así las tres quintas partes de las Comunidades federadas.
Cuando así lo aconseje el interés general, previo dictamen del Consejo de Estado.
Cuando así lo reconozcan los Estatutos de las CCAA.
Cuando así lo disponga la Ley Orgánica por la que, en su caso, transfiera del Estado a las CCAA facultades correspondientes a materia de titularidad estatal.
En todo caso.
Nunca.
El régimen jurídico de las Administraciones públicas y el régimen estatutario de sus funcionarios.
La legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias.
El régimen jurídico de prensa, radio y televisión y, en general, de todos los medios de comunicación.
Asistencia social.
Biblioteca pública y protección civil.
Parque público y prestación de servicios sociales.
Mercado y protección civil.
Biblioteca pública y tratamiento de residuos.
Regiones históricas.
Confederaciones hidrográficas.
Agrupaciones comarcales.
Áreas Metropolitanas.
El Congreso de los Diputados.
La Administración del Estado.
El Defensor del Pueblo.
El Consejo de Estado.
Dictar ordenanzas.
Asegurar la gestión de los servicios propios de la Comunidad Autónoma cuya gestión ordinaria esté encomendada a la Diputación.
Aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo.
Aprobar la oferta de empleo público.
A la Diputación provincial y en defecto de esta, a la Comunidad Autónoma a la que pertenezcan.
A la población interesada o al Ayuntamiento correspondiente.
Al Senado.
Al Congreso de los Diputados.
Paul-Henri Spaak, Ministro de Asuntos Exteriores belga, presentó a sus colegas de la CECA un informe sobre los proyectos de tratados comunitarios que prevén la creación de la CEE y del EURATOM.
El Ministro francés de Asuntos Exteriores, Robert Spaak, presentó un informe para una mayor cooperación. En adelante, cada 9 de mayo se celebra el "Día de Europa".
Impulsado por el informe de Spaak, se creó el movimiento Europa Unida. Este movimiento es contrario a los órganos supranacionales pero está a favor de una cooperación intergubernamental.
Se anuncia el plan Spaak, creado para la reconstrucción económica de Europa.
La decisión de autorizar una cooperación reforzada será adoptada por la Comisión siempre que los Estados miembros, en un número no inferior a 6, lo soliciten en el marco de cualquiera de las competencias de la Unión.
La decisión de autorizar una cooperación reforzada será adoptada por el Consejo como último recurso, y a condición de que participen en ella al menos nueve Estados miembros, exceptuándose los ámbitos de competencia exclusiva de la Unión.
La decisión de autorizar una cooperación reforzada será adoptada conjuntamente por el Parlamento Europeo y el Consejo a propuesta de la Comisión. Esta decisión requerirá la mayoría cualificada de las dos instituciones para poder ser adoptada y la participación de un mínimo de 12 Estados miembros.
La decisión de autorizar una cooperación reforzada será adoptada por el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad ya que únicamente puede establecerse esta en el marco de la política exterior y de seguridad común de la Unión.
Mercado interior, medio ambiente y transportes.
Política social y protección de los consumidores.
Unión aduanera, establecimiento de las normas sobre competencia necesarias para el funcionamiento del mercado interior y política comercial común.
Redes transeuropeas y energía.
Iniciar un recurso de incumplimiento de oficio o a iniciativa del Parlamento Europeo.
Sólo puede iniciar un recurso de incumplimiento si lo solicita otro estado miembro que se vea perjudicado por la medida, nunca de oficio.
Iniciar un recurso de incumplimiento, bien por iniciativa propia, bien a iniciativa de otro estado miembro.
No hay un procedimiento jurídico específico y debe remitir la cuestión al Consejo de la Unión Europea para su estudio.
El Parlamento Europeo, el Consejo, la Comisión Europea.
El Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Tribunal de Cuentas.
El Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo Europeo.
El Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Está compuesto exclusivamente por el Presidente, el vicepresidente y otros cuatro miembros.
Está compuesto por el Presidente del BCE, el Presidente del Consejo Europeo y el Presidente de la Comisión, además de un miembro por cada uno de los Estados miembros cuya moneda es el euro.
Está formado por los miembros del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, el economista-jefe del Banco Central Europeo y los gobernadores de los bancos centrales de los Estados miembros.
Está formado por los miembros del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo y los gobernadores de los bancos centrales nacionales de los Estados miembros cuya moneda sea el euro.
Se establecerá a propuesta de la Comisión por el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo con arreglo al procedimiento legislativo ordinario.
Se establecerá a propuesta de la Comisión por el Parlamento Europeo y el Consejo con arreglo a un procedimiento legislativo especial, conforme al cual y de no haber acuerdo entre las instituciones se convocará un Comité de Conciliación.
Debe aprobarse obligatoriamente dentro del ejercicio presupuestario anual anterior del año que precede a su ejecución, sin que quepa la posibilidad de que el presupuesto prorrogue su vigencia más allá del ejercicio presupuestario para el que se aprueba.
En las condiciones que se determinen en aplicación del artículo 322 del TFUE, los créditos que no correspondan a gastos de personal y que queden sin utilizar al final del ejercicio presupuestario podrán ser prorrogados en los ejercicios siguientes hasta su agotamiento.
Las ayudas de carácter social concedidas a los consumidores individuales, siempre que se otorguen sin discriminaciones basadas en el origen de los productos.
Las ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres naturales o por otros acontecimientos de carácter excepcional.
Las ayudas otorgadas por los Estados miembros o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones.
Las ayudas concedidas con objeto de favorecer la economía de determinadas regiones de la República Federal de Alemania, afectadas por la división de Alemania, en la medida en que sean necesarias para compensar las desventajas económicas que resultaron de tal división.
Las inspecciones generales de servicios.
Los observatorios de calidad de los servicios públicos.
Las unidades de apoyo y seguimiento.
Las inspecciones sectoriales de servicios.
Modelos EFQM de Excelencia y de Speyer.
Modelos CAF y de Speyer.
Modelos EFQM de Excelencia y EVAM.
Modelos EFQM de Excelencia y Gerencial de Deming.
Karl Marx.
Max Weber.
Mariano Baena del Alcázar.
Adam Smith.
El Comité Sectorial de Administración Electrónica.
El Comité Nacional de Administración Electrónica.
La Comisión Interministerial de Administración Electrónica.
El Comisión Sectorial de Administración Electrónica.
El acceso, integridad, disponibilidad, autenticidad, confidencialidad, trazabilidad y conservación de los datos, informaciones y servicios utilizados en medios electrónicos que gestionen en el ejercicio de sus competencias.
El respeto a la protección de datos de carácter personal, el principio de igualdad de acceso al servicio electrónico y el principio de accesibilidad a la información y a los servicios.
El principio de cooperación en la utilización de sus medios electrónicos y el principio de responsabilidad y calidad en la veracidad y autenticidad de sus informaciones y servicios ofrecidos.
La simplificación administrativa, la transparencia y publicidad en el procedimiento electrónico y la difusión de las actuaciones administrativas.
Transcurrieran quince días naturales sin que se acceda a su contenido.
Transcurrieran quince días hábiles sin que se acceda a su contenido.
Transcurrieran diez días naturales sin que se acceda a su contenido.
Transcurrieran veinte días hábiles sin que se acceda a su contenido.
Un ente de derecho privado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad privada, que se rige por lo establecido en sus Estatutos de creación.
Un ente de derecho europeo, con personalidad jurídica propia y plena capacidad privada, que se rige por lo establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en las disposiciones que lo completan o desarrollan.
Un ente de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, que se rige por lo establecido en la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, y en las disposiciones que la completan o desarrollan.
Un ente de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, que se rige por lo establecido en el Real Decreto 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y en las disposiciones que lo completan o desarrollan.
Con carácter general, la instalación de establecimientos comerciales no estará sujeta a régimen de autorización comercial.
La instalación de establecimientos comerciales podrá quedar sometida a una autorización que se concederá por un plazo de seis meses cuando concurran razones imperiosas de interés general relacionadas con la distribución comercial.
Podrán establecerse requisitos de naturaleza económica que supediten la concesión de la autorización en función de los efectos económicos de la actividad.
La instalación de establecimientos comerciales podrá estar sujeta a autorización comercial cuando así se estime en la regulación autonómica o local correspondiente.
Velar por el mantenimiento de un mercado audiovisual, transparente y fiable en los sistemas de medición de audiencias, y plural.
Emitir un informe previo sobre los proyectos y disposiciones que puedan afectar al sector audiovisual.
Informar con carácter general sobre las orientaciones de la política audiovisual, la situación el sector y la oferta de programación de los servicios de comunicación audiovisual.
Elaborar un informe anual sobre el nivel de alfabetización mediática, siguiendo los indicadores de medición utilizados por la Comisión europea u otros indicadores que el propio Consejo Estatal de Medio audiovisuales pueda considerar de interés.
Del 50 por ciento en el año 2020. Este objetivo deberá alcanzarse con una cuota de energía procedente de energías renovables en todos los tipos de transporte en el año 2020 que sea como mínimo equivalente al 60 por ciento del consumo final de energía del sector transporte.
Se fija anualmente en función de las cuotas de energía procedentes de energías renovables.
Del 20 por ciento en el año 2015.
Del 20 por ciento el en año 2020. Este objetivo deberá alcanzarse con una cuota de energía procedente de energías renovables en todos los tipos de transporte en el año 2020 que sea como mínimo equivalente al 10 por ciento del consumo final de energía del sector transporte.
La gestión de las autorizaciones individualizadas de derechos de emisión corresponde al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.
La autorización de emisión concedida a una instalación es un bien transferible y se puede comprar o vender.
El Registro Nacional de Derechos de Emisión (RENADE), actúa como mercado de los derechos de emisión.
El derecho de emisión tendrá carácter transmisible.
Únicamente la sanidad exterior, incluyendo todas las actividades que se realicen en materia de vigilancia y control de los posibles riesgos para la salud derivados de la importación, exportación o tránsito de mercancías y del tráfico internacional de viajeros.
La competencia en materia de sanidad es totalmente exclusiva del Estado, aunque ha sido transferida a las Comunidades Autónomas.
La sanidad exterior y las relaciones y acuerdos sanitarios internacionales, entendiéndose por sanidad exterior todas las actividades que se realicen en materia de vigilancia y control de los posibles riesgos para la salud derivados de la importación, exportación o tránsito de mercancías y del tráfico internacional de viajeros.
Ninguna, por tratarse de una competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas.
El contrato de investigador acreditado.
El contrato predoctoral.
El contrato postdoctoral.
El contrato de investigador senior.
Al Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas.
Al Instituto de Evaluación, en colaboración con las Administraciones educativas.
Al Ministerio de Educación y Ciencia, en colaboración con las Administraciones educativas.
A las Administraciones locales y autonómicas educativas.
Cualquier persona puede ser contratada bajo esta modalidad contractual.
Jóvenes desde dieciséis hasta treinta y cinco años de edad, ambos inclusive.
Mayores de cuarenta y cinco años de edad.
Parados que lleven, al menos, dos años inscritos ininterrumpidamente como demandantes de empleo.
Las Cortes Generales.
El Gobierno.
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
El Consejo de Cooperación al Desarrollo.
El Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento.
El Fondo Español de Gestión de Resultados de Desarrollo y Evaluación de Impacto.
El Fondo para la Promoción del Desarrollo.
El Fondo para el Logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
De confianza o directivo de empresas.
De corresponsal de un medio de comunicación, debidamente acreditado.
De temporada o campaña.
De personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas.
A las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
A la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
A los órganos judiciales.
Al Subdelegado del Gobierno o al Delegado del Gobierno en las Comunidades Autónomas uniprovinciales.
Discriminación directa por razón de sexo.
Discriminación indirecta por razón de sexo.
Acoso sexual en todo caso.
Acoso laboral en todo caso.
Cuando las personas de alguno de los dos sexos no superen dos tercios del total.
Cuando las personas de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento.
Cuando ni los hombres ni las mujeres superan el cincuenta por ciento.
La ley Orgánica 3/2007 no contempla la presencia equilibrada de ambos sexos.
La costumbre sólo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada.
Los principios generales del derecho no son fuente del derecho.
Las normas jurídicas contenidas en los Tratados Internaciones siempre serán de aplicación directa en España.
La jurisprudencia es una fuente del derecho administrativo.
La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea refundir varios textos legales o por una ley ordinaria cuando se trate de la formación de textos articulados.
La delegación legislativa no se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente.
Las leyes de delegación no podrán establecer formulas adicionales de control por ser competencia única de los Tribunales.
Cuando una proposición de ley o una enmienda fuere contraria a una delegación legislativa en vigor, el Gobierno está facultado para oponerse a su tramitación.
Veinte días hábiles.
Veinte días naturales.
Treinta días naturales.
Treinta días hábiles.
10 días hábiles.
15 días hábiles.
10 días naturales.
30 días hábiles.
El defecto de forma, en cualquier caso.
Los actos que tengan un contenido imposible.
Los actos dictados por un órgano manifiestamente incompetente por razón del territorio.
Los dictados fuera de tiempo cuando así lo disponga la naturaleza del término o plazo.
Los que tengan por objeto la compra, el desarrollo, la producción o la coproducción de programas destinados a la radiodifusión, por parte de los organismos de radiodifusión, así como los relativos al tiempo de radiodifusión.
Los de investigación y desarrollo remunerados íntegramente por el órgano de contratación, siempre que sus resultados no se reserven para su utilización exclusiva por éste en el ejercicio de su actividad propia.
Un contrato de suministro cuyo valor estimado sea igual o superior a 143.000 euros, cuando se trate de contratos adjudicados por la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos, o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.
Un contrato de concesión de obra pública cuyo valor estimado sea de 3 millones de euros.
No podrá efectuarse antes de que transcurran diez días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación definitiva a los licitadores y candidatos.
No podrá efectuarse antes de que transcurran diez hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos.
No podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación provisional a los licitadores y candidatos.
No podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos.
Quince días a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones.
Dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones.
Diez días a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones.
Un mes a contar desde la apertura de las proposiciones.
No podrá ser superior a veinticinco años en los contratos que comprendan la ejecución de obras y la explotación de servicio público, salvo que éste sea de mercado o lonja central mayorista de artículos alimenticios gestionados por sociedad de economía mixta municipal, en cuyo caso podrá ser hasta 50 años.
No podrá ser superior a veinte años en los contratos que comprendan la explotación de un servicio público no relacionado con la prestación de servicios sanitarios.
No podrá tener carácter perpetuo o indefinido, fijándose necesariamente en el pliego de cláusulas administrativas particulares su duración y la de las prórrogas de que pueda ser objeto.
No podrá ser superior a quince años en los contratos que comprendan la explotación de un servicio público cuyo objeto consista en la prestación de servicios sanitarios.
La suspensión, por causa imputable a la Administración, de la iniciación del suministro por plazo superior a cuatro meses a partir de la fecha señalada en el contrato para la entrega salvo que en el pliego se señale otro menor.
La suspensión, por causa imputable a la Administración, de la iniciación del suministro por plazo superior a ocho meses a partir de la fecha señalada en el contrato para la entrega, salvo que en el pliego se señale otro menor.
El desistimiento o la suspensión del suministro por un plazo superior a seis meses acordada por la Administración, salvo que en el pliego se señale otro menor.
El desistimiento o la suspensión del suministro por un plazo superior a ocho meses acordada por la Administración, salvo que en el pliego se señale otro menor.
Desde el momento de concesión de la subvención hasta la fecha en que el interesado pague la obligación de reintegro.
Desde el momento de pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde el reintegro.
Desde el momento de concesión de la subvención hasta la fecha en que se inicie el procedimiento de reintegro.
Desde el momento de pago de la subvención hasta la fecha en que se inicie el procedimiento de reintegro.
Recurso de alzada cuando sea impugnada por un particular.
Directamente recurso contencioso administrativo, cuando sea impugnada por la Administración General del Estado.
Recurso de amparo si se impugna por un particular ante el Tribunal Constitucional.
Declaración de lesividad previa cuando sea impugnada por la Administración General del Estado ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Al tiempo de iniciarse el expediente de justiprecio.
A la fecha de iniciación del expediente de expropiación.
Al tiempo de constituirse el Jurado Provincial de Expropiación.
A la fecha del acta de ocupación.
El 2 por ciento del importe final del justiprecio.
El 3 por ciento del importe final del justiprecio.
El 5 por ciento del importe final del justiprecio.
En este caso, el propietario no tiene derecho al premio de afección.
A cada Ministerio en función de su dedicación preferente.
Al Ministerio de la Presidencia.
Al Ministerio de Economía y Hacienda.
Al Organismo Autónomo Patrimonio Nacional.
Cuando lo estimen oportuno, atendiendo a las circunstancias y a los afectados.
Cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que especifiquen dichos actos.
No les indemnizarán en ningún caso, pues son actos legislativos.
Les debe indemnizar el Poder legislativo, pues son actos legislativos.
Procederá recurso de reposición.
Procederá recurso de apelación
No se pueden acumular los procedimientos.
No procederá recurso alguno.
Tener interés personal en el asunto de que se trate.
Haber tenido intervención como testigo en el procedimiento de que se trate.
Haber prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo a una persona jurídica interesada directamente en el asunto.
Tener parentesco de afinidad dentro del tercer grado con cualquiera de los interesados.
Recurso de alzada, en todo caso.
Recurso extraordinario de revisión.
Recurso potestativo de reposición, siempre y cuando ponga fin a la vía administrativa.
No cabe interponer ningún recurso.
Estimada.
Desestimada.
Caducada.
Prescrita.
Las resoluciones de los recursos de alzada.
Las disposiciones administrativas de carácter general dictadas por órganos que carezcan de superior jerárquico.
Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa ante el mismo órgano que los dictó.
Los actos adoptados por los Subsecretarios en materia de personal.
A los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
A las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.
A la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
A los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo.
Presentar el recurso contencioso-administrativo una vez transcurridos tres meses desde que hubiera reclamado a la Administración Pública el cumplimiento de su obligación.
Contra la inactividad de una Administración Pública no es admisible el recurso contencioso-administrativo.
Presentar el recurso contencioso-administrativo, sin que esté obligado a reclamar previamente a la Administración Pública el cumplimiento de su obligación.
Formular requerimiento a la Administración Pública. Si en el plazo de 10 días no fuere atendido, podrá deducir directamente el recurso contencioso-administrativo.
En todo caso.
En ningún caso.
Cuando excedan los límites de la delegación legislativa.
Cuando se alegue contra los mismos algún motivo de inconstitucionalidad.
Sus retribuciones íntegras.
Las retribuciones básicas.
Las retribuciones proporcionales a su reducción de jornada.
Las retribuciones básicas y el 75 por cien de las retribuciones complementarias.
El 75 por ciento de las retribuciones básicas.
El 100 por cien de las retribuciones básicas y el 75 por cien de las retribuciones complementarias.
Durante dicho período no percibirá retribución alguna.
El 100 por cien de las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo.
Sólo como personal laboral.
Como funcionarios interinos y como personal laboral temporal.
Como funcionarios de carrera.
Como funcionarios de carrera y personal eventual.
La separación del servicio, que se acordará por el Ministro del Departamento de adscripción del Cuerpo o Escala del funcionario sancionado, previa incoación de expediente disciplinario por la Administración de la Comunidad Autónoma de destino.
La suspensión de funciones, que se acordará por el Ministro del Departamento de adscripción del Cuerpo o Escala del funcionario sancionado, previa incoación de expediente disciplinario por la Administración de la Comunidad Autónoma de destino.
La separación del servicio, que se acordará por el Ministro del Departamento de adscripción del Cuerpo o Escala del funcionario sancionado, previa incoación de expediente disciplinario por dicho Departamento.
La suspensión de funciones, que se acordará por el Ministro del Departamento de adscripción del Cuerpo o Escala del funcionario sancionado, previa incoación de expediente disciplinario por dicho Departamento.
Será computable a efectos de trienios, carrera y derechos en el régimen de Seguridad Social que sea de aplicación.
Será computable, únicamente durante dos años, a efectos de trienios, carrera y derechos en el régimen de Seguridad Social que sea de aplicación.
No será computable a efectos de trienios, carrera y derechos en el régimen de Seguridad Social que sea de aplicación.
No será computable a efectos de trienios.
Leve o grave, en función de la gravedad de los daños causados al interés público.
Grave.
Grave o muy grave, según el descrédito causado a la Administración pública.
Muy grave.
Principio de publicidad y tipicidad de las faltas y sanciones, a través de la predeterminación normativa o, en el caso del personal laboral, de los convenios colectivos.
Principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras favorables y de irretroactividad de las favorables al presunto infractor.
Principio de proporcionalidad, aplicable solo a la clasificación de las infracciones
Principio de culpabilidad.
Resolución de la Secretaría de Estado para la Función Pública.
Orden del Ministerio de la Política Territorial y Administración Pública.
Orden conjunta de los Ministerios de Política Territorial y Administración Pública y Economía y Hacienda.
Real Decreto.
El 30 por cien de sus retribuciones básicas, excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad.
El 33 por cien de sus retribuciones básicas, excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad.El 40 por cien de sus retribuciones básicas, excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad.
El 40 por cien de sus retribuciones básicas, excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad.
El 50 por cien de sus retribuciones básicas, excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad.
No se computarán a efectos de trienios ni de derechos pasivos, pudiendo suspenderse la cotización a este último efecto.
No se computarán a efectos de trienios, pero sí a efectos de derechos pasivos.
No se computarán a efectos de trienios ni de derechos pasivos, pudiendo escoger el funcionario por cuál de los puestos efectuar la cotización.
No se computarán a efectos de trienios ni de derechos pasivos, si bien será posible realizar la cotización por las retribuciones percibidas conjuntamente.
Se aplican directamente al personal del ámbito correspondiente de la Mesa.
Sólo se aplican directamente los Pactos, ya que los Acuerdos requieren para su validez y eficacia la aprobación expresa de los correspondientes órganos de Gobierno.
Sólo se aplican directamente los Acuerdos salvo que versen sobre materias sometidas a reserva de Ley.
Ambos se aplican directamente pero en el caso de los Acuerdos tiene que haber habido ratificación y afectar a temas que puedan ser decididos definitivamente por los órganos de gobierno.
Por el Estatuto Básico del Empleado Público.
Sólo por el IV Convenio Único de la Administración General del Estado.
Sólo por el IV Convenio Único de la Administración General del Estado y su contrato de trabajo.
Sólo por su Convenio Colectivo o el que les sea de aplicación, por su contrato de trabajo y por los preceptos del Estatuto Básico del Empleado Público que les sean aplicables.
Puede optar por la readmisión o la indemnización.
Procederá a la readmisión del trabajador.
Sólo se puede optar por la indemnización.
En el ámbito de la Administración General del Estado, no se contempla la figura del despido improcedente del trabajador.
El Gobierno de la Nación podrá formular una advertencia al Ayuntamiento y dará cuenta de la misma para su conocimiento a la Comisión Nacional de Administración Local.
El Ministerio de Economía y Hacienda lo comunicará al Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas para que se ejerzan las medidas sancionatorias previstas en la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
La Comisión Nacional de Administración Local establecerá un plan económico financiero a tres años para solventar el problema.
El Gobierno impondrá las sanciones previstas en la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
La autorización del Consejo de Ministros.
La Autorización del Ministro de Economía y Hacienda.
Que el Ministro de Economía y Hacienda proponga al Consejo de Ministros la remisión de un proyecto de Ley a las Cortes Generales, previo informe de la Dirección General de Presupuestos y dictamen del Consejo de Estado.
Que el Ministro de Economía y Hacienda proponga al Consejo de Ministros la remisión de un proyecto de Ley a las Cortes Generales.
Transferencias de crédito.
Imputaciones de crédito.
Ampliaciones de crédito.
Incorporaciones de crédito.
De manera tal que muestre la ejecución de los presupuestos con la especificación aprobada por las Cortes Generales.
En función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, sin perjuicio de los criterios que se deban seguir para su imputación presupuestaria.
En función del principio de caja.
En función de la compensación que se haya realizado de las partidas del activo y del pasivo.
Los Secretarios de Estado.
Los Ministros.
Los Subsecretarios.
Los Presidentes o Directores de Organismos Autónomos.
El Cajero pagador.
La Intervención General de la Administración del Estado.
El Ministro.
El Banco de España.
El Habilitado y el Interventor.
Sólo por el Habilitado.
Por el Habilitado y el Jefe del Centro o Dependencia.
Sólo por el Interventor.
El Instituto Nacional de Seguridad Social.
El Instituto Nacional de la Salud.
El Instituto Nacional de Servicios Sociales.
El Instituto Nacional de Previsión Social.
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