En relación a la Ley 33/2003 de Patrimonio de Las Administraciones Públicas:

Respuestas: ALos organismos públicos vinculados a la AGE o dependientes no se regirán por la Ley
BSe entenderán incluidos en el patrimonio de las Administraciones públicas el dinero, los valores, los créditos y los demás recursos financieros de su hacienda.
CSon bienes y derechos de dominio público los que, siendo de titularidad pública, se encuentren afectados al uso general o al servicio público, incluyendo aquellos a los que una ley otorgue expresamente el carácter de patrimoniales.
DLa gestión y administración de los bienes y derechos demaniales por las Administraciones públicas se ajustará entre otros al principio de identificación y control a través de inventarios o registros adecuados.
Creada por: user17227
Oposición: Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias
Bloque: Organización del Estado, Unión Europea y Función Pública
Tema: Tema 26. El Presupuesto como instrumento de planificación económica. El Pacto de Estabilidad Presupuestaria y la legislación presupuestaria en España. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
Ley: Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas
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1. En relación a la restitución de la posesión de bienes, la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas establece que:: ALas Administraciones Públicas únicamente podrán recobrar la posesión indebidamente perdida de los bienes y derechos de su patrimonio a través de las acciones pertinentes ante los tribunales del orden jurisdiccional civil.
BLas Administraciones Públicas podrán ejercitar en cualquier tiempo la potestad de recuperación de la posesión indebidamente perdida sobre los bienes y derechos de su patrimonio que tengan la condición de demaniales.
CLas Administraciones Públicas podrán, en vía administrativa, recuperar por sí mismas en cualquier momento la posesión indebidamente perdida sobre los bienes y derechos patrimoniales, o bien optar por instar las acciones correspondientes ante los órganos del orden jurisdiccional civil.
DLas Administraciones públicas podrán recuperar por sí mismas la posesión indebidamente perdida sobre los bienes y derechos demaniales, salvo que haya transcurrido un año contado desde el día siguiente a la usurpación, en cuyo caso deberán instar las acciones correspondientes ante los órganos del del orden jurisdiccional civil.