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Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta según lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Respuestas
  • AEl recurso de alzada procede contra actos de trámite si determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, si no ponen fin a la vía administrativa.
  • BEl recurso de alzada solo procede contra actos que pongan fin a la vía administrativa.
  • CEl órgano que resuelve el recurso de alzada es el mismo que emitió el acto.
  • DEl recurso de alzada sólo podrá interponerse ante el órgano competente para resolverlo.
Oposición
Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado
Bloque
Derecho administrativo general
Tema
Tema 12. Los derechos de los ciudadanos en el procedimiento administrativo. Las garantías en el desarrollo del procedimiento. La revisión de los actos en vía administrativa: revisión de oficio y recursos administrativos.
Ley
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Preguntas similares

1. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta, según lo establecido en el artículo 52 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, relativa al Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
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  • ANo es posible la convalidación de ningún acto que sea nulo.
  • BLa convalidación se produce por la subsanación del vicio del que adolezca el acto.
  • CLa convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado por incompetencia no determinante de nulidad.
  • DSolo se pueden convalidar los actos anulables que sean desfavorables para los interesados.
2. Según lo establecido en el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, es correcto afirmar que:
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  • AEl interesado podrá identificar un dispositivo electrónico y/o una dirección de correo electrónico que servirán para el envío de los avisos y la práctica de notificaciones.
  • BReglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de practicar electrónicamente las notificaciones para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.
  • CLos interesados que estén obligados a recibir notificaciones electrónicas, podrán decidir y comunicar en cualquier momento a la Administración Pública, mediante los modelos normalizados que se establezcan al efecto, que las notificaciones sucesivas dejen de practicarse por medios electrónicos.
  • DLas notificaciones de la Administración se llevarán a cabo, en cualquier caso, por medios electrónicos.
3. Según lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las normas administrativas:
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  • APueden ser declaradas nulas de oficio, en cualquier momento, por las Administraciones Públicas, previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere, si incurren en los supuestos previstos en el artículo 47.2.
  • BPara ser declaradas nulas, se debe declarar por parte de las Administraciones públicas su lesividad para el interés público, en el plazo de cuatro años, si incurren en los supuestos previstos en el art. 62.2 de dicha ley, a fin de proceder a su impugnación ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo
  • CLas Administraciones Públicas podrán declarar de oficio la nulidad, en cualquier momento, de las disposiciones administrativas, previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si existiese, cuando se dé alguna de las circunstancias especificadas en el artículo 47.2.
  • DNunca pueden ser declaradas nulas de oficio por las Administraciones públicas, al tratarse de la institución de la revisión de oficio, sólo aplicable a los actos o resoluciones administrativas
4. Según lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuál de las siguientes opciones no se considera nulo de pleno derecho?
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  • ALos actos que incurran en desviación de poder.
  • BLos actos que tengan contenido imposible.
  • CLos actos que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.
  • DLos actos dictados por un órgano manifiestamente incompetente en virtud de la territorialidad.
5. Según lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos administrativos deben ser publicados en los siguientes casos:
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  • ACuando el destinatario del acto sea un grupo específico de personas.
  • BCuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente.
  • CCuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva, siempre que previamente lo haya así establecido el órgano convocante.
  • DNecesariamente en el Boletín Oficial del Estado.
6. Señale la opción correcta respecto al cálculo de plazos según lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
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  • ACuando los plazos se indiquen en días, se considera que estos son hábiles, excluyendo del conteo los domingos y los días que sean festivos.
  • BCuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.
  • CCuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados y los domingos.
  • DCuando los plazos se señalen por días, se computarán de fecha a fecha.
7. Indica cuál de las respuestas es incorrecta según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
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  • AEn caso de que alguno de los interesados que no esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración carezca de los medios electrónicos necesarios, un funcionario público podrá llevar a cabo válidamente su identificación o firma electrónica en el procedimiento administrativo utilizando el sistema de firma electrónica con el que cuenta para tal efecto.
  • BLas Administraciones Públicas asistirán en el uso de medios electrónicos a los interesados que tienen el deber de relacionarse electrónicamente con la Administración.
  • CLas Administraciones Públicas deberán garantizar que los interesados pueden relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos, para lo que pondrán a su disposición los canales de acceso que sean necesarios así como los sistemas y aplicaciones que en cada caso se determinen.
  • DLa Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales mantendrán actualizado un registro, u otro sistema equivalente, donde constarán los funcionarios habilitados para la identificación o firma electrónica.
8. Señale la opción que es INCORRECTA. Según lo establecido en el artículo 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se considerarán como Administraciones Públicas:
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  • AEl sector público institucional.
  • BLas entidades públicas que están asociadas a las Administraciones Públicas.
  • CLas Entidades que integran la Administración Local.
  • DLas entidades de derecho público dependientes de las Administraciones Públicas.
9. Según lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuáles de estos actos no concluyen la vía administrativa?
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  • ALas resoluciones de los recursos de alzada.
  • BLas resoluciones de los órganos administrativos que tengan superior jerárquico.
  • CLos acuerdos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento.
  • DLos actos administrativos emitidos por los miembros y órganos del Gobierno.

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