OEP 2016
Fecha del examen 2017-02-25
La Reina consorte o el consorte de la Reina pueden asumir las mismas funciones constitucionales del Rey o la Reina por representación
La Reina consorte o el consorte de la Reina podrán asumir funciones constitucionales, excepto lo dispuesto para la Regencia
La Reina consorte o el consorte de la Reina pueden asumir las funciones constitucionales del Rey o la Reina que le hayan delegado las Cortes Generales mediante ley
La Reina consorte o el consorte de la Reina no podrán asumir funciones constitucionales, salvo lo dispuesto para la Regencia
La reforma por iniciativa popular exigirá no menos de 500.000 firmas acreditadas
Se procederá a la aprobación del principio de reforma por mayoría de dos tercios de cada Cámara y a la disolución inmediata de las Cortes
Una vez disueltas las Cortes, las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de tres quintos de ambas Cámaras
Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras
Previa autorización del Presidente del Gobierno, declarar la guerra y hacer la paz
Previo referéndum consultivo, declarar la guerra y hacer la paz
Previa autorización del Consejo de Ministros, declarar la guerra y hacer la paz
Previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz
Las Cámaras se reunirán anualmente en dos periodos ordinarios de sesiones: el primero de febrero a julio, y el segundo de octubre a diciembre
En cada Cámara habrá una Diputación Permanente compuesta por un mínimo de 42 miembros que representarán a los grupos parlamentarios, en proporción a su importancia numérica
Las sesiones plenarias de las Cámaras serán siempre públicas
Para adoptar acuerdos, las Cámaras deben estar reunidas reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros
Tratados o convenios de carácter paramilitar
Tratados o convenios que afecten a la organización territorial del Estado
Tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública
Tratados o convenios que afecten al Título X de la Constitución Española
Las elecciones tendrán lugar entre los treinta días y sesenta días desde la terminación del mandato. El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones.
Las elecciones tendrán lugar entre los treinta días y setenta días desde la terminación del mandato. El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones.
Las elecciones tendrán lugar entre los veinticinco días y sesenta días desde la terminación del mandato. El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los treinta días siguientes a la celebración de las elecciones.
Las elecciones tendrán lugar entre los veinticinco días y setenta días desde la terminación del mandato. El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los treinta días siguientes a la celebración de las elecciones.
En caso de que existan Ministros sin cartera, por ley orgánica se determinará el ámbito de sus competencias, la estructura administrativa, así como sus medios materiales y personales
Los Vicepresidentes y Ministros serán nombrados y separados por el Presidente del Gobierno, a propuesta del Rey
En los casos de vacante, ausencia o enfermedad, las funciones del Presidente del Gobierno serán asumidas por los Ministros, según el orden de precedencia de los Departamentos, y, en defecto de ellos, por los Vicepresidentes
La suplencia de los Ministros, para el despacho ordinario de los asuntos de su competencia, será determinada por Real Decreto del Presidente del Gobierno, debiendo recaer, en todo caso, en otro miembro del Gobierno
El de Política Territorial y Memoria Democrática.
La Ministra de la Presidencia.
El Ministro que determine el Presidente del Gobierno mediante Real Decreto.
El Ministro de Justicia.
Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, publicarán los proyectos de Reglamentos cuya iniciativa les corresponda
Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, no publicarán los proyectos de Reglamentos cuya iniciativa les corresponda
Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, no podrán publicar los Anteproyectos de Ley hasta su aprobación
Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, no podrán publicar los proyectos de Decretos Legislativos cuando se soliciten los dictámenes a los órganos consultivos
Relativas a los intereses económicos
Relativas a la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión
Relativas a la información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración
Relativas a infraestructuras críticas
Será nombrado por el Rey, a propuesta del Presidente del Tribunal Supremo, oído el Consejo General del Poder Judicial
Será nombrado por el Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno, de acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial
Será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial
Será nombrado por el Rey, a propuesta conjunta del Gobierno y el Congreso de los Diputados, oído el Consejo General del Poder Judicial
La demarcación judicial, que determinará la circunscripción territorial de los órganos judiciales, se establecerá por Ley Orgánica
Las Comunidades Autónomas participarán en la organización territorial de los órganos judiciales de sus territorios respectivos, remitiendo al Gobierno, a solicitud de éste, una propuesta de la misma en la que fijarán los partidos judiciales
EL Gobierno aprobará el oportuno proyecto de ley, que, en unión de las propuestas de las Comunidades Autónomas, del informe del Consejo General del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal, remitirá al Congreso de los Diputados para su tramitación
La demarcación judicial será revisada cada cuatro años o antes si las circunstancias lo aconsejan
Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido de su voto sin necesidad de motivarlo. No podrán abstenerse en las votaciones quienes por su cualidad de autoridades o personal al servicio de las Administraciones Públicas tengan la condición de miembros natos de órganos colegiados, en virtud del cargo que desempeñan
Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido de su voto y los motivos que lo justifican. Sólo podrán abstenerse en las votaciones quienes por su cualidad de autoridades o personal al servicio de las Administraciones Públicas tengan la condición de miembros natos de órganos colegiados, en virtud del cargo que desempeñan
Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido de su voto y los motivos que lo justifican. No podrán abstenerse en las votaciones quienes por su cualidad de autoridades o personal al servicio de las Administraciones Públicas tengan la condición de miembros natos de órganos colegiados, en virtud del cargo que desempeñan
Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido de su voto y los motivos que lo justifican. Todos los miembros podrán abstenerse en las votaciones libremente
Por el órgano ministerial de quien dependa el órgano delegado
Por la Subsecretaría del Departamento ministerial
Por el órgano ministerial de quien dependa el órgano delegante
Por los órganos ministeriales de quienes dependan los órganos delegado y delegante
Nombrar y cesar a todo el personal del Departamento, independientemente de la forma de provisión del puesto
Nombrar y cesar a todo el personal del Departamento, excepto aquellos puestos cuya forma de provisión sea la libre designación
Nombrar y cesar a los Subdirectores y asimilados dependientes de la Subsecretaría, al resto de personal de libre designación y al personal eventual del Departamento
Nombrar y cesar a los Subdirectores y asimilados dependientes de la Subsecretaría, al resto de personal de libre designación, excepto al personal eventual del Departamento
Convenio suscrito por las Administraciones, organismos públicos o entidades participantes, exclusivamente
Únicamente autorización por Ley para su creación
Que su creación se autorice por ley, así como la autorización previa del Consejo de Ministros al convenio de creación
Únicamente requiere la autorización previa del Consejo de Ministros al convenio de creación
No, no tiene poder de coordinación alguno sobre los inmuebles de la Administración, ya sean servicios integrados o no integrados, ya que corresponde en exclusiva al Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Patrimonio.
No, no tiene ningún poder de coordinación sobre los edificios de los servicios no integrados de la Administración pero sí sobre los de los servicios integrados, previa autorización del Ministerio de Hacienda.
No, únicamente puede coordinar el uso de los edificios de los servicios integrados, sin sujeción en este caso a directriz alguna por ser una competencia propia.
Sí puede, pero de acuerdo con las directrices del Ministerio de Hacienda y de la Dirección General de Patrimonio.
Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno, atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia.
Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, entre personas con cualificación y experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada.
Real Decreto del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, a propuesta del Presidente del Gobierno, entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, a los que se exija para su ingreso el título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente.
Real Decreto del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Histórica, a propuesta del Presidente del Gobierno, atendiendo al criterio de paridad entre hombre y mujer.
En número de diez, serán nombrados por Real Decreto, por un período de cuatro años, entre quienes hayan desempeñado cualquiera de los cargos que determina el artículo 9 de la propia Ley Orgánica
En número de siete, serán nombrados por Real Decreto, por un período de cuatro años, entre quienes hayan desempeñado cualquiera de los cargos que determina el artículo 9 de la propia Ley Orgánica
En número de diez, serán nombrados por Resolución del Presidente del Consejo de Estado, por un período de cuatro años, entre quienes hayan desempeñado cualquiera de los cargos que determina el artículo 9 de la propia Ley Orgánica
En número de siete, serán nombrados por Resolución del Presidente del Consejo de Estado, por un período de cuatro años, entre quienes hayan desempeñado cualquiera de los cargos que determina el artículo 9 de la propia Ley Orgánica
Los bienes y valores que constituyen su patrimonio
Los ingresos que se deriven de sus operaciones, obtenidos como contraprestación de sus actividades comerciales
Las consignaciones específicas que tuvieran asignadas en los Presupuestos Generales del Estado
Transferencias corrientes o de capital que procedan de las Administraciones o entidades públicas
Por orden del Ministerio de la Presidencia, que establecerá sus fines generales, así como el Departamento de dependencia o vinculación.
Mediante acuerdo del Consejo de Ministros que deberá ser acompañado de una propuesta de estatutos y de un plan de actuación.
Mediante convenio suscrito por las Administraciones, organismos públicos o entidades participantes en la sociedad mercantil estatal, o su modificación.
Mediante norma reglamentaria que deberá ser acompañada de una memoria y un plan de actuación.
Son entidades de Derecho público, con personalidad jurídica propia, patrimonio propio y autonomía en su gestión, que se financian mayoritariamente con ingresos de mercado y que junto con el ejercicio de potestades administrativas desarrollan actividades prestacionales, de gestión de servicios o de producción de bienes de interés público, susceptibles de contraprestación
Son entidades de Derecho público que, vinculadas a la Administración General del Estado y con personalidad jurídica propia, tienen atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre sectores económicos o actividades determinadas
Son entidades de Derecho público, con personalidad jurídica propia y diferenciada, creadas por varias Administraciones Públicas o entidades integrantes del sector público institucional, entre sí o con participación de entidades privadas, para el desarrollo de actividades de interés común a todas ellas dentro del ámbito de sus competencias
Son entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, tesorería y patrimonio propio y autonomía en su gestión, que desarrollan actividades propias de la Administración Pública, tanto actividades de fomento, prestacionales, de gestión de servicios públicos o de producción de bienes de interés público, susceptibles de contraprestación, en calidad de organizaciones instrumentales diferenciadas y dependientes de ésta
Es elegido por la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma, de entre sus miembros, y nombrado por el Rey
Es elegido por la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma, sin que sea necesariamente de entre sus miembros, y nombrado por el Rey
Es elegido por la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma, de entre sus miembros, y nombrado por el Presidente de la Asamblea Legislativa de dicha Comunidad Autónoma
Es elegido por la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma, sin que sea necesariamente de entre sus miembros, y nombrado por el Presidente de la Asamblea Legislativa de dicha Comunidad Autónoma
Bases del régimen minero y energético
Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos
Administración de Justicia
Asistencia social
Las Comunidades Autónomas, conforme al artículo 150 de la CE, podrán aprobar leyes de transferencias
Las Cortes Generales, mediante ley orgánica, podrán, por motivos de interés nacional, sustituir la iniciativa de las Comunidades Autónomas a que se refiere el apartado 2 del artículo 143
Sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas
El Gobierno, en materias de competencia estatal, podrá atribuir a todas o a alguna de las Comunidades Autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal
El Consejo de Gobierno de la respectiva Comunidad Autónoma, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Ministros o a solicitud de este y previo acuerdo favorable del Senado
El Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de la Comunidad Autónoma correspondiente o a solicitud de este y previo informe favorable del Consejo de Estado
El Consejo de Gobierno de la respectiva Comunidad Autónoma, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Ministros o a solicitud de este y previo informe favorable del Consejo Consultivo correspondiente
El Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente o a solicitud de este y previo acuerdo favorable del Senado
Por el Pleno de dichas entidades cuando se trate de conflictos que afecten a órganos colegiados o miembros de éstos, o por los Alcaldes o Presidentes de la Corporación, de mutuo acuerdo, en el resto de los supuestos, sin perjuicio de la ulterior posibilidad de impugnar la resolución dictada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
Por la Administración de la Comunidad Autónoma o por la Administración del Estado, previa audiencia de las Comunidades Autónomas afectadas, según se trate de entidades pertenecientes a la misma o a distinta Comunidad, y sin perjuicio de la ulterior posibilidad de impugnar la resolución dictada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
Por la Administración de la Comunidad Autónoma o por la Administración del Estado previa audiencia de las Comunidades Autónomas afectadas, según se trate, de competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas, o del Estado, sin perjuicio de la ulterior posibilidad de impugnar la resolución dictada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
Por la Administración de la Comunidad Autónoma si las entidades locales afectadas pertenecen a la misma Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la ulterior posibilidad de impugnar la resolución dictada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o por el Tribunal Constitucional si pertenecen a diferentes Comunidades Autónomas, previa audiencia de tales Comunidades Autónomas afectadas
5.000 habitantes
10.000 habitantes
15.000 habitantes
20.000 habitantes
El 9 de mayo. Porque un 9 de mayo de 1950 se expusieron las ideas en las que se asienta la Unión Europea, en un discurso pronunciado por el entonces Ministro de Asuntos Exteriores francés Jean Monnet
El 23 de julio. Porque el 23 de julio de 1952 es cuando entra en vigor el Tratado que crea la primera organización comunitaria, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero
El 18 de abril. Porque el 18 de abril se firmó en París el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, primera organización comunitaria
El 9 de mayo. Porque un 9 de mayo de 1950 se expusieron las ideas en las que se asienta la Unión Europea, en un discurso pronunciado por el entonces Ministro de Asuntos Exteriores francés Robert Schuman
En 1985 y 1993
En 1977 y 1983
En 1975 y 1999
En 1972 y 1994
Acta Única Europea.
Tratado de Maastricht.
Tratado de Amsterdam.
Tratado de Niza.
Podrán hacerlo en el marco de una competencia exclusiva de la Unión Europea
Podrán hacerlo para impulsar los objetivos de varios Estados miembros y proteger sus intereses
No podrán hacer uso de las instituciones de la Unión
Podrán hacerlo en el marco de una competencia no exclusiva de la Unión
Al Parlamento Europeo.
Al Consejo Europeo.
Al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
A la Comisión Europea.
El Consejo de la Unión Europea elegirá al Presidente del Tribunal de Justicia por un periodo de 3 años. Su mandato será renovable.
Los jueces elegirán de entre ellos al Presidente del Tribunal de Justicia por un periodo de 6 años. Su mandato no será renovable.
Los jueces elegirán de entre ellos al Presidente del Tribunal de Justicia por un periodo de 3 años. Su mandato será renovable.
El Consejo de la Unión Europea elegirá al Presidente del Tribunal de Justicia por un periodo de 6 años. Su mandato no será renovable.
Mayoría absoluta de sus miembros
Unanimidad
Mayoría de los votos emitidos
Consenso de los grupos parlamentarios
No se publica, al ser confidencial
Antes del cierre de cada ejercicio
Después de recibir, en su caso, las observaciones al mismo por parte de las Instituciones Europeas
Después del cierre de cada ejercicio y antes de transmitirlo a las Instituciones Europeas
Para un periodo mínimo de cinco años
Para un periodo máximo de cinco años
Para un periodo mínimo de seis años
Para un periodo máximo de seis años
En los casos específicos previstos por los Tratados, la adopción de un reglamento, una directiva o una decisión, bien por el Parlamento Europeo con la participación de la Comisión, bien por la Comisión con la participación del Parlamento Europeo, constituirá un procedimiento legislativo especial
El procedimiento legislativo especial consiste en la adopción conjunta por el Parlamento Europeo y el Consejo, a propuesta de la Comisión, de un reglamento, una directiva o una decisión
En los casos específicos previstos por los Tratados, la adopción de un reglamento, una directiva o una decisión, bien por el Parlamento Europeo con la participación del Consejo, bien por el Consejo con la participación del Parlamento Europeo, constituirá un procedimiento legislativo especial
El procedimiento legislativo ordinario consiste en la adopción conjunta por el Parlamento Europeo y el Consejo, a propuesta de una mayoría de Estados miembros, de un reglamento, una directiva o una decisión
Sentencia Costa/Enel
Sentencia Van Gend en Loos
Sentencia Francovich
Sentencia Marleasing
La conservación de los recursos biológicos marinos dentro de la política pesquera común
La cohesión económica social y territorial dentro de la política de cohesión común
El medio ambiente dentro de la política medioambiental común
La energía dentro de la política energética común
A la Inspección General de Servicios
Al Tribunal de Cuentas
A la Intervención General del Estado
A la Abogacía del Estado
La Secretaría de Estado de Función Pública
El Ministro de Hacienda.
El Subsecretario del departamento al que pertenezca el órgano o esté vinculado o adscrito el organismo proponente
El Presidente de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los servicios
El punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, organismo o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de internet a la información publicada
Aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de las redes de telecomunicaciones cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias
Es un sistema de firma electrónica
Es el medio o soporte en el que se almacenan los documentos utilizados en actuaciones administrativas
Las entidades sin personalidad jurídica.
Los notarios para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional.
Las personas jurídicas.
Los empleados de las Administraciones Públicas en toda relación con éstas.
La Intervención General de la Administración del Estado.
El Banco de España.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.
El Ministerio de Hacienda.
Espacios o elementos naturales, cuya creación tiene como finalidad la protección de los ecosistemas, comunidades o elementos biológicos que por su rareza, fragilidad, importancia o singularidad merecen una valoración especial
Espacios o elementos de la naturaleza designados para la protección de ecosistemas, comunidades o elementos biológicos o geológicos de modo que en razón de su rareza, fragilidad, importancia o singularidad merecen una protección especial
Espacios o elementos de la naturaleza constituidos básicamente por formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza, que merecen ser objeto de una protección especial
Es una parte de un territorio que por sus valores naturales, estéticos y culturales, las Administraciones competentes, a través del planeamiento aplicable, le otorgan una protección especial
Estrategia estatal de redes verdes y ecológicas nacionales
Estrategia estatal de infraestructura verde, y de la conectividad y restauración ecológicas
Estrategia nacional del patrimonio natural y la biodiversidad
No introduce ninguna estrategia nueva
Actividades industriales
Obras de interés público realizadas por las Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias
Actividades domésticas o los comportamientos de los vecinos, cuando la contaminación acústica producida se mantenga dentro de los límites tolerables de conformidad con las ordenanzas municipales y los usos locales
Actividades de recogida y tratamiento de residuos
En el Régimen General de la Seguridad Social.
En el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.
En el Sistema Especial de los Trabajadores Autónomos Económicamente Dependientes.
Quedan excluidos del sistema de la Seguridad Social.
Los servicios de prevención de las situaciones de dependencia
La atención de las necesidades del hogar del servicio de ayuda a domicilio
El servicio de Centro de Día para menores de 65 años
El servicio de acompañamiento a consultas médicas
Al Gobierno, oído el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
A la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, previo informe de los Equipos de Valoración de Incapacidades del Instituto Nacional de la Seguridad Social
A la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, con el dictamen del Real Patronato de Discapacidad
A los órganos técnicos competentes de las Comunidades Autónomas a quienes hubieran sido transferidas las funciones en materia de calificación del grado de discapacidad
El derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios
El derecho a sindicarse libremente
El derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo
La libertad de empresa en el marco de la economía de mercado
La Memoria del Análisis del impacto normativo que acompañe al proyecto mencionará la existencia del acuerdo de tramitación urgente, así como las circunstancias que le sirven de fundamento.
Dada la declaración de urgencia en la tramitación de la iniciativa normativa y con carácter excepcional no es necesaria la Memoria del Análisis de Impacto Normativo.
La Memoria del Análisis de Impacto Normativo podrá incorporarse al proyecto con posterioridad a la aprobación del mismo.
Desaparecen todos los plazos legales en el procedimiento de tramitación de la iniciativa.
Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el envío de su contenido por parte del órgano competente
Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido 10 días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido
La comparecencia en la sede electrónica puede consistir en el acceso del representante del interesado, debidamente identificado, al contenido de la notificación
Se entiende cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos con la puesta a disposición de la notificación en el tablón de anuncios de la página web de la Administración actuante
Incorporar los metadatos mínimos exigidos.
Incorporar una firma electrónica.
Disponer de los datos de identificación que permitan su individualización.
Incorporar una referencia temporal del momento en que ha sido emitido.
El orden jurisdiccional contencioso-administrativo
El Alcalde-Presidente o, en su defecto, el órgano colegiado superior de la entidad
El órgano competente por razón de la materia
El Pleno Corporativo o, en su defecto, el órgano colegiado superior de la entidad
Los procedimientos de revisión de oficio iniciados después de la entrada en vigor de la presente Ley se sustanciarán por las normas establecidas en ésta
Los actos y resoluciones dictados con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley se regirán, en cuanto al régimen de recursos, por la normativa anterior
Los actos y resoluciones pendientes de ejecución a la entrada en vigor de esta Ley se regirán para su ejecución por la normativa vigente en el momento de su ejecución
Los procedimientos de revisión de oficio iniciados antes de la entrada en vigor de la presente Ley se sustanciarán por las normas establecidas en ésta
Es potestativa, si bien cuando se exija deben justificarse los motivos
Es obligatoria y su importe máximo será del 3% del presupuesto de licitación, excluido el impuesto de Valor Añadido
Es potestativa y su importe será del 2% del valor estimado del contrato
Es obligatoria y su importe será del 3% del valor estimado del contrato
El contratista tiene derecho a resolver el contrato y a una indemnización por los daños y perjuicios sufridos
La Administración podrá optar por acordar la resolución del contrato o su suspensión
Se produce automáticamente la suspensión del contrato
El contratista podrá proceder a la suspensión del cumplimiento del contrato, previa comunicación a la Administración con un mes de antelación
La ejecución de las obras de construcción de una carretera nacional por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
La concesión del Premio Nacional de Literatura por parte del Ministerio de Cultura.
La vacunación a viajeros en un Centro de Vacunación Internacional de una Subdelegación del Gobierno.
La concesión de una licencia para la ocupación del dominio público por parte de un Ayuntamiento.
Los Ministros y Secretarios de Estado
El Consejo de Ministros cuando la cuantía sea superior a 12 millones de euros
Los Directores Generales
Los Secretarios Generales Técnicos
Si el objeto de la expropiación forzosa estuviere constituido por valores mobiliarios, la ley entiende que existe unidad económica y serán tratados en una única pieza
Al rechazo del precio fundado ofrecido por la Administración le seguirá forzosamente un procedimiento sustanciado ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo
Si el propietario rechazara el precio fundado ofrecido por la Administración, se pasará el expediente de justiprecio al Jurado Provincial de Expropiación
La fijación del justo precio constituye uno de los trámites del expediente de expropiación, pero no se tramita como una pieza separada
Por el Jurado Provincial de Expropiación.
Por el Ministerio de Cultura y Deporte.
Por la Mesa del Instituto de España.
Por una comisión compuesta por académicos.
Produce la desafectación de dichos bienes o derechos
Dará lugar a la usucapión de los bienes o derechos
Surtirá los mismos efectos jurídicos que la afectación expresa
Surtirá los mismos efectos jurídicos que la mutación demanial
El órgano que incurrió en la acción u omisión a la que se imputa la producción del daño
El superior jerárquico del órgano que incurrió en la acción u omisión a la que se imputa la producción del daño
El Ministro respectivo o por el Consejo de Ministros
El Subsecretario de Presidencia
Que el particular no hubiera llegado a recurrir judicialmente contra la actuación administrativa que ocasionó el daño
Que la norma tenga por objeto conferir derechos a los particulares
Que la valoración del daño ocasionado supere las cuantías fijadas anualmente por la Ley de Presupuestos Generales del Estado
Que el particular no haya sido condenado, por sentencia firme, por alguno de los delitos contra la Hacienda Pública contemplados en el título XIV del Código Penal
En el plazo de 5 años anteriores a la fecha de publicación de la sentencia
En el plazo de 4 años anteriores a la fecha de publicación de la sentencia
En el plazo de 5 años anteriores a la fecha de notificación de la sentencia
En el plazo de 4 años anteriores a la fecha de notificación de la sentencia
Discrecionalmente, sin más requisitos
Discrecionalmente, pero motivando su decisión
Motivadamente en los supuestos y con los requisitos previstos en las leyes
Motivadamente y sólo en los procedimientos sancionadores
Cuando la persona o personas interesadas hayan celebrado un acuerdo con la Administración, siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado
Cuando se concluyera, en cualquier momento, que ha prescrito la infracción
Cuando los hechos pudiesen constituir una infracción de carácter leve
Cuando el infractor reconozca su responsabilidad
Cabe interponer recurso de alzada ante el órgano superior jerárquico del recusado
No cabe recurso alguno, sin perjuicio de poder alegar la recusación al interponer el recurso contra el acto que ponga fin al procedimiento
Cabe interponer recurso contencioso-administrativo
Cabe interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dicte el acto en el que intervenga el recusado
Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo
Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo
La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
La Ley 39/2015 establece que planteada una reclamación ante las Administraciones Públicas, si ésta no ha sido resuelta y no ha transcurrido el plazo en que deba entenderse desestimada, no podrá deducirse la misma pretensión ante la jurisdicción correspondiente
La Ley 39/2015 establece que si la Administración no notificara su decisión en el plazo de tres meses, el interesado podrá considerar desestimada su reclamación por silencio administrativo, en el supuesto de reclamaciones previas al ejercicio de acciones en vía judicial
La reclamación en vía administrativa es requisito previo al ejercicio de acciones fundadas en derecho privado o laboral contra cualquier Administración Pública, salvo los supuestos en que dicho requisito esté exceptuado por una disposición con rango de Ley
En el ámbito de la Seguridad Social existen procedimientos administrativos especiales en los que resulta preceptiva la reclamación previa al inicio de acciones judiciales en la Jurisdicción Social
Servicio en Comunidades Autónomas
Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público
Servicio en otras Administraciones Públicas
Servicio activo
Sí, procede dicha declaración
Sí procede el pase a dicha situación, pero condicionado a su participación en las convocatorias de concursos de méritos que incluyan puestos de trabajo en Vigo
No, ya que no ha prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante el periodo legalmente establecido
No, ya que su cónyuge no es funcionario de carrera en cualquiera de las Administraciones Públicas, organismos públicos y entidades de Derecho Público dependientes o vinculados a ellas, en los Órganos Constitucionales o del Poder Judicial y órganos similares de las Comunidades Autónomas, así como en la Unión Europea o en organizaciones internacionales
Tiempo de trabajo a los solos efectos del cómputo de dicho periodo para la concesión de otros permisos y licencias y de las vacaciones, con el fin de que el disfrute de los mismos no se vea afectado por el ejercicio del derecho a la formación profesional-administrativa
Tiempo de trabajo a todos los efectos, cuando los cursos se celebren en el horario fijo de presencia en el puesto, que será de 9.00 a 14.30 de lunes a viernes
Tiempo de trabajo a todos los efectos, cuando los cursos se celebren dentro del horario de trabajo y así lo permitan las necesidades del servicio
Tiempo de trabajo a todos los efectos, no pudiendo ser desestimado por necesidades del servicio al tratarse de un derecho individual del empleado público
Únicamente con el cumplimiento de la sanción o la muerte
El cumplimiento de la sanción, muerte, prescripción de la falta o de la sanción, indulto y el arrepentimiento del responsable
El cumplimiento de la sanción, muerte, prescripción de la falta o de la sanción, indulto y el resarcimiento del daño por parte del responsable
El cumplimiento de la sanción, muerte, prescripción de la falta o de la sanción, indulto y amnistía
Más de doce meses a partir del final del año en que se hayan originado
Más de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan originado
Doce meses desde la fecha en que fue autorizado el disfrute del permiso o licencia interrumpido
Los veintidós días hábiles correspondientes al periodo de vacaciones legalmente reconocido
No se computarán a efectos de trienios ni de derechos pasivos, pudiendo suspenderse la cotización a este último efecto. Las pagas extraordinarias, así como las prestaciones de carácter familiar, sólo podrán percibirse por uno de los puestos, cualquiera que sea su naturaleza.
No se computarán a efectos de trienios ni de derechos pasivos, pudiendo suspenderse la cotización a este último efecto. Las pagas extraordinarias, así como las prestaciones de carácter familiar, podrán percibirse por ambos puestos de trabajo, siempre que la cantidad total percibida por dichos conceptos no supere la remuneración prevista en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el puesto de Director General
Se computará a efectos de trienios, carrera administrativa y derechos pasivos, siempre que la compatibilidad de ambos puestos de trabajo o actividades haya sido previamente autorizada por el órgano competente
Quedan exceptuados del régimen de incompatibilidades por tratarse de la prestación de un servicio público
La aplicación del incremento de las retribuciones del personal al servicio de las Administraciones Públicas que se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y de las comunidades autónomas
Los planes de Previsión Social Complementaria
Los criterios generales para la determinación de prestaciones sociales y pensiones de clases pasivas
La determinación de condiciones de trabajo del personal directivo
40 por ciento para la Administración central, 17 por ciento para el conjunto de Comunidades Autónomas y 3 por ciento para el conjunto de Corporaciones Locales
43 por ciento para la Administración central, 14 por ciento para el conjunto de Comunidades Autónomas y 3 por ciento para el conjunto de Corporaciones Locales
44 por ciento para la Administración central, 13 por ciento para el conjunto de Comunidades Autónomas y 3 por ciento para el conjunto de Corporaciones Locales
44 por ciento para la Administración central, 14 por ciento para el conjunto de Comunidades Autónomas y 2 por ciento para el conjunto de Corporaciones Locales
Capítulo 3
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Las ampliaciones de crédito, generaciones de crédito e incorporaciones de crédito
Las ampliaciones de crédito, créditos extraordinarios y los suplementos de crédito e incorporaciones de crédito
Las ampliaciones de crédito, generaciones de crédito, créditos extraordinarios y los suplementos de crédito
Las ampliaciones de crédito, generaciones de crédito y transferencias
En ningún caso
Cuando los servicios o prestaciones a que se refieren hayan tenido o vayan a tener lugar en territorio extranjero
Cuando los servicios o prestaciones a que se refieren hayan tenido o vayan a tener lugar en territorio nacional
Cuando los servicios o prestaciones a que se refieren hayan tenido o vayan a tener lugar en territorio nacional o extranjero
La adquisición de libros, publicaciones, revistas y documentos, en cualquier tipo de soporte cuando sean adquiridos para formar parte de fondos de bibliotecas
La carga financiera por intereses de todo tipo de deudas emitidas
El arrendamiento de un edificio
La adquisición de deuda del sector público
Trienios
Complemento de destino
Complemento específico
Productividad
No impedirá la calificación de un accidente como de trabajo
Impedirá la calificación de un accidente como de trabajo, considerándose como accidente no laboral
Conllevará que la lesión que se produzca sea calificada como enfermedad profesional
Conllevará que la lesión que se produzca sea calificada como fuerza mayor extraña al trabajo
La que, sin alcanzar el grado de total, ocasione al trabajador una disminución no inferior al 55 por ciento en su rendimiento normal para dicha profesión, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de la misma
La que inhabilite al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a otra distinta
La que, sin alcanzar el grado de total, ocasione al trabajador una disminución no inferior al 33 por ciento en su rendimiento normal para dicha profesión, impidiéndole la realización de las tareas fundamentales de la misma
La que, sin alcanzar el grado de total, ocasione al trabajador una disminución no inferior al 33 por ciento en su rendimiento normal para dicha profesión, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de la misma
opojust.com usa cookies de analíticas anónimas, propias para su correcto funcionamiento y de publicidad. Nuestros socios (incluido Google) pueden almacenar, compartir y gestionar tus datos para ofrecer anuncios personalizados. Al hacer click en "Aceptar todas", aceptas el uso de todas las cookies. Si rechazas, solo usaremos las cookies necesarias para el funcionamiento básico de la web. Puedes saber más en nuestra página de privacidad y cookies.