OEP 2019
Fecha del examen 2021-11-06
La reforma por iniciativa legislativa popular requerirá al menos 500.000 firmas acreditadas.
Se procederá a la aprobación del principio de reforma por mayoría de dos tercios de cada Cámara y a la disolución inmediata de las Cortes.
Una vez disueltas las Cortes, las Cámaras deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo Texto Constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de tres quintos de ambas Cámaras.
Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.
Tres quintos en el Congreso y ratificación posterior en el Senado por la misma mayoría.
Mayoría simple en el Congreso y mayoría simple en el Senado.
Dos quintos en el Congreso y dos quintos en el Senado.
Mayoría simple en el Congreso y ratificación posterior en el Senado por mayoría absoluta.
Las personas naturales si son mayores de edad, pero no las personas jurídicas.
Las personas naturales si son mayores de edad y tienen nacionalidad española, pero no las personas jurídicas.
Las personas naturales en cualquier caso, y las jurídicas si tienen nacionalidad española.
Las personas naturales o jurídicas, independientemente de su nacionalidad o edad.
La Asamblea de una Comunidad Autónoma.
El Presidente del Gobierno.
El Defensor del Pueblo.
El Ministerio Fiscal.
Las leyes y reglamentos del Estado que lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada.
Las normas del Estado con rango de ley o las disposiciones con rango de ley de las Comunidades Autónomas que lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada.
Las leyes y reglamentos de las Comunidades Autónomas que lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada.
Las leyes y reglamentos del Estado o de las Comunidades Autónomas que lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada.
Aquellas personas que, teniendo derecho a la sucesión en el trono, contrajeren matrimonio contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales quedarán excluidas en la sucesión a la Corona por sí y sus descendientes.
La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea posterior a la anterior; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y, en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos.
Corresponde al Rey ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Congreso de los Diputados.
Al Rey corresponde declarar la guerra y hacer la paz, con el refrendo del Presidente del Congreso de los Diputados.
Dos meses.
Un mes.
Veinte días naturales.
Quince días naturales.
Proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo, previa autorización del Congreso de los Diputados.
Declarar el estado de sitio, así como proponer al Congreso de los Diputados la declaración del estado de alarma.
Acordar la negociación y firma de Tratados internacionales, así como su aplicación provisional.
Crear, modificar y suprimir por Real Decreto los Departamentos Ministeriales, así como las Secretarías de Estado.
El Rey.
El Congreso de los Diputados.
El Senado.
Las Cortes Generales.
Recaerá en el Subsecretario del Ministerio de que se trate.
Recaerá en los Secretarios de Estado del Ministerio de que se trate, según determine el Real Decreto de estructura de ese Ministerio.
Será determinada por Real Decreto del Presidente del Gobierno, debiendo recaer, en todo caso, entre los Secretarios de Estado del Ministerio.
Será determinada por Real Decreto del Presidente del Gobierno, debiendo recaer, en todo caso, en otro miembro del Gobierno.
Sala de lo Civil, de lo Contencioso Administrativo y de lo Social.
Sala de Apelación, de lo Penal, de lo Contencioso Administrativo y de lo Social.
Sala de lo Penal, de lo Contencioso Administrativo, de lo Social y de lo Militar.
Sala de Apelación, de lo Penal, de lo Contencioso Administrativo, de lo Social y de lo Militar.
Habrán de ser nombrados entre personas con cualificación y experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada.
Tendrán las competencias sobre servicios comunes que les atribuya el Real Decreto de estructura del Departamento y, en todo caso, las relativas a producción normativa, asistencia jurídica y publicaciones.
Tendrán a todos los efectos la categoría de Director General.
Serán nombrados entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, pertenecientes al Subgrupo A1.
Ley.
Orden del Ministerio de Hacienda.
Real Decreto-Ley.
Real Decreto del Consejo de Ministros.
Orden del Ministerio de Presidencia.
Real decreto.
Orden ministerial conjunta.
Acuerdo de Consejo de Ministros.
Sus informes serán vinculantes, salvo que la ley disponga lo contrario, debiendo el Consejo del Estado valorar los aspectos de oportunidad, cuando lo exija la índole del asunto o lo solicite expresamente la autoridad consultante.
Sus informes serán vinculantes, salvo que la ley disponga lo contrario, pero el Consejo de Estado no valorará los aspectos de oportunidad en ningún caso.
Sus informes no serán vinculantes, salvo que la ley disponga lo contrario, debiendo el Consejo de Estado valorar los aspectos de oportunidad y conveniencia, cuando lo exijan la índole del asunto o lo solicite expresamente la autoridad consultante, así como la mayor eficacia de la Administración en el cumplimiento de sus fines.
Sus informes no serán vinculantes, salvo que la ley disponga lo contrario, pero el Consejo de Estado no valorará los aspectos de oportunidad en ningún caso.
En un plazo de quince días.
En un plazo de veinte días.
En un plazo de un mes.
En un plazo de diez días.
A las Cortes Generales.
Al Senado.
Al Congreso.
Al Gobierno, previa autorización del Senado.
Existe en todos los Ayuntamientos.
Existe en todos los municipios con población superior a 5.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su Ayuntamiento.
Existe en todos los municipios con población superior a 10.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su Ayuntamiento.
Solo existe en los municipios con población superior a 5.000 habitantes.
Alumbrado público.
Biblioteca pública.
Protección civil.
Medio ambiente urbano.
Acta Única Europea.
Tratado de Maastricht.
Tratado de Ámsterdam.
Tratado de Niza.
Mercado interior.
Unión aduanera.
Protección del consumidor.
Transportes.
Tres.
Seis.
Nueve.
Doce.
Al menos el 55 % de los Estados miembros a favor, representando al menos el 62 % de la población total de la UE.
Al menos el 65 % de los Estados miembros a favor, representando al menos el 55 % de la población total de la UE.
Al menos el 65 % de los Estados miembros a favor, representando al menos el 62 % de la población total de la UE.
Al menos el 55 % de los Estados miembros a favor, representando al menos el 65 % de la población total de la UE.
Su presidente es nombrado por un periodo de dos años.
El Consejo Europeo se reúne en Estrasburgo una vez al mes.
El Consejo Europeo establece las principales prioridades y la orientación política general de la Unión Europea.
Todas sus decisiones se adoptan por unanimidad.
El Fondo Social Europeo.
El Fondo de Solidaridad de la UE.
El Fondo de Cohesión.
El Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Son actos legislativos vinculantes, en todo caso, y que deben aplicarse en la totalidad de sus términos en toda la Unión Europea.
Son actos legislativos en los cuales se establecen objetivos que todos los países de la Unión Europea deben cumplir.
Son actos legislativos que permiten a las instituciones dar a conocer sus puntos de vista.
Son actos legislativos no vinculantes.
A la persona titular de la Subsecretaría.
A la persona titular de la Secretaría General Técnica.
A la persona titular de la Secretaría de Estado.
A la persona titular del Ministerio.
Las transferencias a las Comunidades Autónomas y las transferencias a la Seguridad Social.
Los fondos europeos y el plan extraordinario Next Generation EU.
El Servicio 50 en cada una de las secciones de los Presupuestos Generales del Estado y los créditos iniciales.
La estabilidad presupuestaria y la deuda pública.
Realizará la supervisión y control de todos los mercados y sectores económicos.
Supervisará y controlará el correcto funcionamiento de los mercados de las comunicaciones electrónicas.
Actuará, en el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines con independencia de cualquier interés empresarial o comercial.
Actuará, en el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines con autonomía orgánica y funcional y plena independencia, estando sometida a control judicial pero no al parlamentario.
Parques.
Reservas Naturales.
Monumentos Naturales.
Paisajes Protegidos.
Centro de Día para menores de 65 años.
Servicio de Ayuda a domicilio.
Centro Médico de atención especializada.
Servicio de Teleasistencia.
Hasta 6 meses en un periodo de 18 meses consecutivos.
Hasta 9 meses en un periodo de 12 meses consecutivos.
Hasta 9 meses en un periodo de 18 meses consecutivos.
Hasta 6 meses en un periodo de 12 meses consecutivos.
Guardar la debida reserva respecto a los hechos o informaciones conocidos con motivo u ocasión del ejercicio de sus competencias.
Actuar con la diligencia debida en el cumplimiento de sus obligaciones y fomentar la calidad en la prestación de servicios públicos.
Asegurar un trato igual y sin discriminaciones de ningún tipo en el ejercicio de sus funciones.
Mantener una conducta digna y tratar a los ciudadanos con esmerada corrección.
El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial.
La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en los procesos de toma de decisión.
Los intereses económicos y comerciales.
La información relativa al grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos.
Organismo autónomo.
Entidad pública empresarial.
Agencia estatal.
Autoridad administrativa independiente.
Normalización.
Accesibilidad universal.
Inclusión social.
Transversalidad.
A la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, finalizado el plazo de vigencia del anterior Plan.
Al Gobierno, al inicio de cada legislatura.
Al Congreso de los Diputados, al cierre del ejercicio parlamentario.
A la Comisión Técnica de Igualdad, dependiente de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado.
Ley de armonización.
Ley ordinaria.
Ley de transferencia.
Ley de bases.
La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso, al Senado y al Defensor del Pueblo, de acuerdo con la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras.
No procederá la iniciativa legislativa popular en materias que afecten a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I.
Se exigirán, en todo caso, no menos de 500.000 firmas acreditadas para el ejercicio de la iniciativa legislativa popular.
Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de dos miembros de la Asamblea encargados de su defensa.
En los supuestos de anulabilidad previstos en el artículo 47.2 de la Ley.
Sin necesidad de dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente.
Por iniciativa propia o a solicitud del interesado.
Antes de haber transcurrido el plazo de cuatro años desde que se dictó el acto administrativo.
Exigirá la previa revisión constitucional.
Exigirá su aprobación por Ley Orgánica.
Exigirá la autorización del Tribunal Constitucional.
En ningún caso puede celebrarse.
La Administración competente en el procedimiento será la que cuente con mayor participación en la financiación del servicio, y la responsabilidad será solidaria.
La Administración competente en el procedimiento se acordará según la intensidad de su intervención en el servicio, y la responsabilidad será mancomunada.
Se decidirá qué Administración es competente en función del interés público tutelado, y la responsabilidad será mancomunada.
Cada Administración será competente en el procedimiento según la intensidad de su intervención y el interés público tutelado, y la responsabilidad será solidaria.
Los dictados prescindiendo de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.
Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.
Los que incurran en desviación de poder.
Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
Por el Consejo de Ministros, previo informe de la Junta Consultiva de Contratación y a propuesta del ministro competente.
Por el órgano de contratación, con anterioridad a la autorización del gasto, o conjuntamente con ella.
Por la Ministra de Hacienda y Función Pública, previo informe de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación.
Por la Junta Consultiva de Contratación, a propuesta del ministro competente.
El desistimiento de la Administración.
La prescripción del procedimiento, sin opción de la Administración a iniciar un nuevo procedimiento en ningún caso.
La caducidad del procedimiento.
La renuncia tácita de la Administración al procedimiento, poniendo fin al mismo.
Después de la aprobación del proyecto, cuando el presupuesto base de licitación del contrato de obras sea superior a 500.000,00 euros, IVA excluido.
Antes de la aprobación del proyecto, cuando el presupuesto base de licitación del contrato de obras sea igual o superior a 500.000 euros, IVA excluido.
Después de la aprobación del proyecto, cuando el presupuesto base de licitación del contrato de obras sea superior a 300.000,00 euros, IVA excluido.
Antes de la aprobación del proyecto, cuando el presupuesto base de licitación del contrato de obras sea superior a 300.000,00 euros, IVA incluido.
De dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones.
De veinte días a contar desde la apertura de las proposiciones.
De quince días a contar desde que finalizó el plazo para la presentación de proposiciones.
De un mes a contar desde la apertura de las proposiciones.
En tres meses.
En seis meses.
En un año.
En dieciocho meses.
En caso de que no exista crédito adecuado y suficiente, una vez adoptado el acuerdo, se procederá a su dotación de conformidad con lo establecido en la Ley General Presupuestaria.
Si el contrato ha sido celebrado por la Administración General del Estado o demás entidades públicas estatales, se dará cuenta de dichos acuerdos al Ministerio de Hacienda en el plazo máximo de veinte días.
Ejecutadas las actuaciones objeto de este régimen excepcional, se excluirán las mismas de lo dispuesto en esta Ley sobre cumplimiento de los contratos, recepción y liquidación de la prestación.
El plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones no podrá ser superior a quince días, contados desde la adopción del acuerdo de iniciación del órgano de contratación.
Podrá interponerlo cualquier persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos, se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados, de manera directa o indirecta, por las decisiones objeto del recurso.
Las personas legitimadas para interponerlo podrán solicitar ante el órgano competente para resolver el recurso la adopción de medidas cautelares.
Este recurso será de aplicación en los procedimientos de adjudicación que se sigan por el trámite de emergencia.
Transcurridos dos meses contados desde el siguiente a la interposición del recurso sin que se haya notificado su resolución el interesado podrá considerarlo desestimado a los efectos de interponer recurso contencioso-administrativo.
Diez millones de euros..
Doce millones de euros.
Quince millones de euros.
Veinte millones de euros.
El acuerdo de necesidad de ocupación.
La previa declaración de utilidad pública o interés social.
La relación concreta e individualizada de los bienes o derechos que el beneficiario considere de necesaria expropiación.
La publicación en el Boletín Oficial del Estado de la relación concreta e individualizada de los bienes o derechos.
Autorización administrativa.
Comunicación previa a la Administración.
Concesión administrativa.
Podrá realizarse libremente.
Ejercicio diligente de las prerrogativas que la citada Ley u otras especiales otorguen a las Administraciones públicas, garantizando su conservación e integridad.
Publicidad, transparencia, concurrencia y objetividad en la adquisición, explotación y enajenación de estos bienes.
Inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad.
Dedicación preferente al uso común frente a su uso privativo.
Exista reconocimiento de la responsabilidad por parte del presunto infractor.
Se haya producido el pago voluntario por el presunto responsable en cualquier momento anterior a la resolución.
No se hayan formulado alegaciones por parte del presunto infractor en el trámite de audiencia.
El órgano competente para iniciar el procedimiento considere que, de acuerdo con lo previsto en su normativa reguladora, existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como leve.
El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento podrá disponer su acumulación a otros siempre que haya identidad en los interesados.
Solo podrá acordarse en procedimientos iniciados de oficio.
Contra el acuerdo de acumulación podrá interponerse recurso de alzada ante el superior jerárquico del órgano que acordó la acumulación de procedimientos.
Contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno.
Todos los actos administrativos.
Los actos que se dicten de acuerdo con el criterio seguido en actuaciones precedentes o con el dictamen de órganos consultivos.
Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren su inadmisión.
Los actos que acepten pruebas propuestas por los interesados.
No procederá recurso contra la desestimación de la solicitud de tramitación simplificada del procedimiento formulada por los interesados.
Las alegaciones serán formuladas al inicio del procedimiento en un plazo de siete días.
Serán resueltos en veinte días, salvo que reste menos para su tramitación ordinaria.
En cualquier momento del procedimiento anterior a su resolución, el órgano competente para su tramitación podrá acordar continuar con arreglo a la tramitación ordinaria, salvo que alguno de los interesados manifestara su oposición expresa.
Un año siguiente a la fecha de la notificación de la resolución impugnada.
Dos años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada.
Tres meses siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada.
Cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada.
Personal directivo profesional.
Personal eventual.
Personal funcionario interino.
Personal laboral temporal.
Personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia.
Personal docente.
Personal de servicios de salud.
Personal de las Universidades Públicas.
A las del sueldo del Subgrupo o Grupo, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, en que aspiren a ingresar.
A las retribuciones complementarias del Subgrupo o Grupo, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, en que aspiren a ingresar.
A las del sueldo y retribuciones complementarias del Subgrupo o Grupo, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, en que aspiren a ingresar.
A las retribuciones básicas del Subgrupo o Grupo, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, en que aspiren a ingresar.
Cuatro años.
Tres años.
Dos años.
Un año.
Servicio en otras Administraciones públicas.
Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público.
Excedencia voluntaria por interés particular.
Servicios especiales.
Un período máximo de 1 año, transcurrido el cual pasarán a la situación de excedencia forzosa.
Un período de máximo de 6 meses, transcurrido el cual pasarán a la situación de excedencia forzosa.
Un período máximo de 6 meses, transcurrido el cual pasarán a la situación de excedencia voluntaria por interés particular.
Un período máximo de 18 meses, transcurrido el cual pasarán a la situación de excedencia voluntaria por interés particular.
Solicitado el reingreso en plazo, tendrá efectos económicos y administrativos desde la fecha de la extinción de la responsabilidad penal o disciplinaria.
Durante el plazo de suspensión de funciones se tramitarán los cambios de situación administrativa que procedan ante el Registro Central de Personal.
Deberá solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo de un mes a partir de la fecha del cumplimiento del período de duración de la suspensión.
La suspensión de funciones determinará la pérdida del puesto de trabajo cuando exceda de tres meses.
Muy grave.
Grave.
Leve.
Muy grave si las faltas cometidas son muy graves y grave si son graves.
Se computarán a efectos de derechos pasivos pero no a efectos de trienios.
Se computarán a efectos de derechos pasivos proporcionalmente a su cuantía.
No se computarán a efectos de trienios ni de derechos pasivos.
Se computarán a efectos trienios pero no a efectos de derechos pasivos.
Está vinculado al nivel del puesto que se ocupa o, en su caso, al grado personal consolidado.
Está vinculado al puesto concreto que se desempeñe.
Es una retribución básica.
No puede superar en más de tres veces la cuantía del sueldo.
No, en ningún caso.
Sí, puede solicitarse una compensación económica en los casos en que no fuera posible el disfrute de las vacaciones en el año natural, por necesidades de servicio y debidamente motivado.
Sí, en casos de conclusión de la relación de servicio por causas ajenas a la voluntad de los funcionarios, tendrán derecho a solicitar el abono de una compensación económica por las vacaciones devengadas y no disfrutadas; y en particular, en los casos de jubilación por incapacidad permanente o por fallecimiento, hasta un máximo de dieciocho meses.
Sí, tendrán derecho a solicitar una compensación económica por las vacaciones devengadas y no disfrutadas en casos de incapacidad temporal que sobreviniera una vez iniciado el disfrute vacacional e impida su disfrute en el año natural y siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan originado.
Los funcionarios de la unidad electoral, lo que exigirá acuerdo adoptado por unanimidad.
Los sindicatos que hayan obtenido al menos un porcentaje del 20 por 100 de los representantes en la unidad electoral en la que se pretende promover las elecciones.
Los sindicatos que, sin ser más representativos, hayan conseguido al menos el 15 por 100 de los representantes en el conjunto de las Administraciones Públicas.
Los sindicatos más representativos a nivel de Comunidad Autónoma, cuando la unidad electoral afectada esté ubicada en su ámbito geográfico.
En la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio económico.
En la resolución que, a tal efecto, dicte la persona titular del Organismo Autónomo MUFACE.
Mediante Real Decreto del Gobierno.
Por la persona titular de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas.
El contrato de trabajo para la formación y el aprendizaje.
El contrato de trabajo en prácticas.
El contrato de trabajo por tiempo indefinido.
El contrato de grupo.
Falta muy grave.
Falta grave.
Falta leve.
No tiene consideración de infracción administrativa.
En caso de catástrofes naturales, recesión económica grave o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control de las Administraciones públicas y perjudiquen considerablemente su situación financiera o su sostenibilidad económica o social.
En caso de reformas con efectos presupuestarios a corto plazo hasta un máximo del 0,4 % del PIB.
En caso de catástrofes naturales, recesión económica grave o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control de las Administraciones públicas y perjudiquen considerablemente su situación financiera o su sostenibilidad económica o social, así como en caso de reformas con efectos presupuestarios a corto plazo hasta un máximo del 0,4 % del PIB.
En ningún caso las Administraciones públicas podrán incurrir en déficit estructural.
Su presentación no podrá exceder el plazo máximo de un mes desde que se constate el incumplimiento.
Su aprobación no podrá exceder el plazo máximo de un mes desde su presentación.
Su puesta en marcha no podrá exceder el plazo máximo de un mes desde su presentación.
Su presentación no podrá exceder el plazo máximo de dos meses desde que se constate el incumplimiento.
Solo frente a los gastos corrientes.
Frente a cualquier otro gasto, excluidos los gastos de personal.
Frente a cualquier otro gasto.
Solo frente a los gastos no corrientes.
Capítulo.
Artículo.
Concepto.
Subconcepto.
La clasificación orgánica que agrupa por secciones y servicios los créditos asignados a los distintos centros gestores de gasto.
La clasificación por programas conforme a los objetivos a conseguir, siendo en este caso un programa finalista.
La clasificación económica, en este caso gastos correspondientes a las retribuciones básicas de funcionarios, en concreto trienios.
La clasificación económica, en este caso gastos corrientes en bienes y servicios.
Cuando lo disponga la Intervención General de la Administración del Estado.
Siempre que no se haya podido ejecutar en su totalidad el presupuesto del ejercicio anterior.
Cuando se trate de créditos extraordinarios y suplementos de créditos concedidos mediante norma con rango de Ley en el último mes del ejercicio presupuestario anterior.
Cuando procedan de generaciones de crédito del artículo 53.2, párrafo b), referido a las ventas de bienes y prestación de servicios.
Un total de 15 Consejeros de Cuentas y el fiscal, siendo necesario un cuórum de las 3/4 partes de sus componentes para la válida constitución del Pleno.
Un total de 12 Consejeros de Cuentas y el fiscal, siendo necesario un cuórum de los 2/3 de sus componentes para la válida constitución del Pleno.
Un total de 16 Consejeros de Cuentas y el fiscal, siendo necesaria la mayoría de sus miembros para la válida constitución del Pleno.
Un total de 15 Consejeros de Cuentas y el fiscal, siendo necesario un cuórum de los 2/3 de sus miembros para la válida constitución del Pleno.
AD o ADOK.
RC.
OK.
D.
6 meses, excepto las correspondientes a pagos de expropiaciones y pagos en el extranjero que podrán ser rendidas en el plazo de 12 meses.
1 mes, excepto las correspondientes a pagos de expropiaciones y pagos en el extranjero que podrán ser rendidas en el plazo de 3 meses.
3 meses, excepto las correspondientes a pagos de expropiaciones y pagos en el extranjero que podrán ser rendidas en el plazo de 6 meses.
20 días hábiles, excepto las correspondientes a pagos de expropiaciones y pagos en el extranjero que podrán ser rendidas en el plazo de 1 mes.
Una transferencia a una Comunidad Autónoma destinada a financiar la construcción de un hospital.
La compra de un ordenador.
Una ayuda estatal destinada a la compra de una vivienda.
Una indemnización a satisfacer por la Administración como consecuencia del funcionamiento de un servicio público siempre que por su naturaleza no deba imputarse a otro capítulo.
La publicación en el Boletín Oficial del Estado de las bases reguladoras.
La previa existencia de un plan estratégico de subvenciones.
La notificación de la resolución de concesión.
La previa realización de la actividad o el cumplimiento de la finalidad que determine su concesión.
Al Estado mediante Ley y reglamentos de desarrollo; a las Comunidades Autónomas y a las Entidades Locales mediante disposiciones de carácter reglamentario.
Al Estado y a las Comunidades Autónomas mediante Ley y a las Entidades Locales mediante sus propias ordenanzas locales.
Exclusivamente al Estado mediante Ley.
Al Estado y a las Comunidades Autónomas mediante Ley estatal y autonómica respectivamente.
El sueldo y los trienios dependen del Grupo o Subgrupo de clasificación profesional al que pertenece su cuerpo o escala.
El complemento de productividad se establece en las leyes anuales de presupuestos en función del nivel del puesto de trabajo desempeñado.
El complemento específico se establece en las leyes anuales de presupuestos en función del nivel del puesto de trabajo desempeñado.
Las gratificaciones por servicios extraordinarios se fijan en atención a la valía personal y la consecución de resultados.
Prestaciones.
Cotización.
Recaudación.
Afiliación.
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